Castilla y León ante las urnas: entre la estabilidad y el desgaste

Castilla y León afronta las próximas elecciones autonómicas de marzo, que todo indica que serán el domingo 15, inmersa en un clima político marcado por el cansancio ciudadano tras 35 años de gobiernos populares, la fragmentación del voto con la irrupción de nuevas formaciones de tinte, casi exclusivamente, provinciales, y una sensación generalizada de transición, no se sabe si de un lado o de otro.

No se trata solo de una cita electoral más al uso, sino de una prueba decisiva para medir el pulso de una comunidad muy extensa, con altas cifras de envejecimiento y con profundas diferencias territoriales entre unas provincias y otras y, cómo no, entre unas capitales y otras, donde la política se vive con menos estridencias, pero con consecuencias de largo alcance.

El escenario electoral que se dibuja ante este panorama es demasiado complejo del que parten muchas dudas, sin olvidarnos del impacto de los recientes incendios de este verano.

Tras años de gobiernos continuistas del PP y pactos que han tensionado el tablero institucional, primero con el fenecido Ciudadanos y, posteriormente, con Vox -ambos pactos saltaron por los aires de forma virulenta-, el debate público se ha desplazado desde las grandes mayorías del pasado hacia una aritmética parlamentaria más incierta.

La estabilidad, tradicional valor refugio del electorado castellano y leonés, convive ahora con una creciente desafección, especialmente visible en el mundo rural y entre los votantes más jóvenes que, todo indica, se inclinan por formaciones más extremistas.

Uno de los ejes centrales de la campaña será, previsiblemente, la despoblación, el cáncer de esta tierra. Pese a ocupar una quinta parte del territorio nacional -son nada más y nada menos que nueve provincias-, Castilla y León sigue perdiendo habitantes de manera alarmante, y las promesas para revertir esta tendencia se repiten elección tras elección sin resultados estructurales claros, como indican los sucesivos índices de población.

Servicios públicos, conectividad en la era digital, sanidad rural y oportunidades laborales para los jóvenes vuelven a situarse en el centro del discurso, en una comunidad donde muchos pueblos, por desgracia, luchan por mantener abiertos sus consultorios médicos y sus escuelas, como también se ven abocados a la exclusión bancaria y digital.

La economía regional, basada en el sector primario, la industria agroalimentaria y un turismo de interior aún por consolidar, también será protagonista en este tiempo electoral.

A la inflación y al encarecimiento de la vida se suma la incertidumbre del relevo generacional en el campo y la presión normativa que sienten agricultores y ganaderos, uno de los caballos de batalla que viene de lejos.

Estos factores han contribuido a un clima de malestar que algunos partidos intentan capitalizar desde un discurso de confrontación -concretamente la formación de extrema derecha Vox-, mientras otros apuestan por mensajes más moderados y de gestión, como es el caso de populares y socialistas.

En el plano político, la campaña se desarrollará en un contexto de mayor polarización que en etapas anteriores, aunque con un electorado tradicionalmente más pragmático que ideológico. Los pactos de gobierno, antes excepción en aquellas legislaturas de los largos gobiernos de Juan José Lucas y Juan Vicente Herrera, han pasado a formar parte del debate normalizado, y el votante es cada vez más consciente de que su papeleta no solo elige un programa, sino posibles alianzas posteriores y, a día de hoy, solo se atisba en el horizonte electoral la marcada por PP y Vox.

No menos relevante será la participación. Castilla y León ha registrado en anteriores comicios índices de abstención significativos, especialmente en zonas rurales muy envejecidas y en áreas urbanas donde el desencanto con la política autonómica es palpable. La capacidad de los partidos para movilizar a estos sectores puede resultar determinante.

Una abstención, por encima de todo, que perjudica a las formaciones de izquierda, bien por hastío, por falta de líderes capaces o, simplemente, porque observan el panorama como un estatus quo que se prolonga en el tiempo sin visos de cambio.

A pocas semanas de la cita con las urnas, Castilla y León se mece entre la inercia de que todo volverá a ser como es y la necesidad de renovación.

Las elecciones de marzo no solo decidirán quién gobierna -solo una hecatombe puede apartar del poder a Alfonso Fernánde Mañueco (PP), que no dudará lo más mínimo en pactar con Vox para gobernar, si los resultados son como se esperan-, sino también qué modelo de comunidad quiere ser Castilla y León en la próxima década: una tierra que se resigna a perder peso demográfico y político -en la senda que camina ahora-, o una que apuesta por redefinir su futuro desde el consenso y la cohesión territorial.

Veremos el efecto y el tirón del alcalde de Soria, Carlos Martínez, en esa apuesta socialista en la era post Tudanca. Por tanto, algo más que difícil ese camino de consenso visto el enfrentamiento entre las dos grandes formaciones, con un Vox al alza y una izquierda a la izquierda del PSOE sin fuerza por no decir inexistente. Este es el panorama que se presenta y, mucho me temo, que todo cambiará para que todo siga igual, ¡ay!