El viernes se celebraban en Castilla y León 40 años de Autonomía, un número redondo. Hubiera sido un buen momento para darle participación a la sociedad para que conozca y se acerque a un mejor conocimiento de lo que ha significado tener la autonomía y que le aporta realmente a su vida diaria.

Nada de esto ha sucedido. Simplemente un acto en la sede de las Cortes en el que se dieron cita los procuradores de la cámara y algunos representantes de la sociedad como los sindicatos. Estuvieron los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, del Poder Judicial, la Administración del Estado y poco más. Eché de menos a los representantes de colectivos sociales destacados como las personas con discapacidad o el tercer sector entre otros que no vi.

No todo ha sido bueno

Durante 40 años muchas cosas han cambiado en España y por supuesto en las CC. AA. Creo que no todo para bien. Después de todo este tiempo el Estado de las Autonomías en nuestro país necesita una revisión, tanto de la delimitación territorial como de las competencias asumidas por las CC. AA..

Cuando se definió la organización autonómica en el marco de la transición española y de la Constitución de 1978 muchas decisiones como es lógico obedecieron a la coyuntura política del momento: el terrorismo y las reivindicaciones independentistas del País Vasco, la de Cataluña, situaciones singulares en Navarra, Galicia y Andalucía. Todo ello determinó una definición territorial y un grado de competencias para estas, más elevado que el del resto de autonomías que posteriormente todas fueron igualando.

Silvia Clemente en las Cortes

Silvia Clemente en las Cortes

Algunas CC. AA. como Castilla y León, La Rioja, Cantabria, Murcia…. Estas últimas de carácter uniprovincial surgieron al separarse del territorio al que estaban anexas inicialmente en la definición preautonómica que se había realizado por el Estado. Algunas provincias a pesar de cumplir los requisitos legales como Segovia llegaron tarde y se quedaron en la Comunidad de Castilla y León.

Comunidades de primera, de segunda y de tercera

Esta es una Comunidad que podríamos denominar administrativa, con 9 provincias y que se convirtió así, en la más extensa de España y la tercera más grande de Europa. Y también actualmente en la más despoblada, con densidades de población de 3 habitantes por km2 en amplias zonas de la Comunidad.

Este seria el tema de Estado que se tendría que abordar a nivel nacional. Revisar la delimitación territorial y si algunas competencias que están en manos de las autonomías deben de seguir estándolo o deben de ser asumidas por el Estado.

Claramente la sanidad y la educación no deberían seguir en manos de las autonomías. El nivel de desigualdad que se ha generado en materia sanitaria en nuestro país es tremendo. No sólo entre autonomías, con unas de primera y otras de segunda sino también dentro de las propias comunidades autónomas. En Castilla y León no se prestan los mismos servicios sanitarios en Valladolid que en El Bierzo por poner el ejemplo más extremo o tampoco en otras zonas de la periferia o en los pueblos con respecto a las capitales de provincia.

En materia educativa la desigualdad que existe en nuestro país es extraordinaria también: algunas Comunidades Autónomas como Castilla y León, están en los primeros lugares en el informe PISA, que es el que realiza la OCDE a nivel mundial sobre la calidad de la educación. Otras Comunidades españolas como Andalucía o Canarias aparecen en los últimos lugares.

Además, cuando se realizan los exámenes de acceso a la Universidad cada Autonomía hace lo que quiere con sus propios criterios favoreciendo a sus alumnos frente a otros para que saquen mejores notas y accedan a cualquier Universidad del territorio nacional y lo hacen para darles preferencia, como ocurre en el acceso de estos alumnos a la carrera de medicina en las Universidades de Castilla y León, mientras que los alumnos de esta Comunidad se tienen que marchar de aquí porque” en teoría” obtienen menos nota.

Gasto superfluo

Sinceramente creo que el Estado Autonómico necesita una profunda revisión en nuestro país. Tenemos demasiadas autonomías, con un coste de duplicidad de servicios insoportable, hay muchas competencias que se desarrollan hasta por tres administraciones: Autonomía, Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales como es en materia de servicios sociales por poner solo un ejemplo.

Tenemos inflación de Universidades en nuestro país porque cada provincia quiere tener la suya, aunque no tengan alumnos suficientes y bajen la calidad educativa. Tenemos aeropuertos que no tienen aviones en muchas provincias, televisiones autonómicas que no ve nadie en buena parte de su programación, órganos consultivos que duplican la actividad del Consejo de Estado, del defensor del Pueblo, del Tribunal de Cuentas….

En definitiva, un gasto superfluo extraordinario, además de la ineficiencia que genera este modelo y que padecimos gravemente durante la pandemia por la falta de coordinación en materia sanitaria y de servicios. Esto generó más muertes que en otros países y un declive económico mayor.

Los españoles destinamos nuestro sueldo hasta junio para pagar impuestos y mantener este sistema público, trabajamos 6 meses para vivir en España y a partir de julio el sueldo empieza a ser para nuestra familia.

Después de 40 años ha llegado el momento de revisar nuestra organización territorial y hacerla eficaz. Dejar de perder el tiempo en debates estériles para parchear el sistema y abordar en serio un debate para llegar a la raíz de muchos de los problemas de este país que empiezan y terminan en nuestro modelo de Estado.