El profesor Gay de Liébana lleva más de medio año anunciando que España está en quiebra, sin dinero y sin  fiador, que los presupuestos recientemente aprobados profundizan en todos estos males, y que la deuda pública y el déficit alcanzarán cifras insoportables. Por si fuera poco, los datos sobre el empleo dados a conocer el pasado día 5 de enero son los peores de la historia.

Para tratar de solucionar esta situación, recomienda reducir gastos y terminar con la “industria política” que se han montado los partidos políticos y cuyo coste estima en 25.000 millones de euros anuales. Para ello propone terminar con una serie de chiringuitos, como observatorios, asociaciones, fundaciones, empresas públicas, plataformas, etc., cuyo presupuesto se nutre de la subvención pública pura y dura, así como la reducción drástica del número de “asesores” que se multiplica de forma exponencial en todo tipo de instituciones.

Suele definirse al asesor político como a una persona experta en un campo determinado, habitualmente comunicación, estrategia política, marketing, discursos etc., que pone sus conocimientos al servicio de un político. Pero entre la teoría y la práctica hay una enorme distancia por cuanto, salvo honrosas excepciones, ninguno de estos supuestos asesores, acreditan una formación y una experiencia en la materia sobre la que  dicen asesorar a su patrón, y son realmente minoría quienes responden a este perfil.

El tema de los asesores cobró actualidad cuando nos enteramos de que el Gobierno de España había elevado el número de asesores en plena crisis sanitaria y económica hasta llegar a 1.212, cifra muy superior a la existente en ninguno de los gobiernos anteriores y que de ellos, 112 tan sólo tienen el graduado escolar, y 210 el bachillerato o título similar. Ignoro, de qué van a asesorar con tan vasta formación. Por si fuera poco a todos ellos se les ha subido el sueldo, no se publican sus nombres ni sus méritos, y nuestra ínclita  ministra de igualdad se niega a hacer público el nombre y la retribución de sus propios asesores. 

¿Qué tiene que ocultar...?

Sobre los asesores autonómicos, cobró actualidad cuando la viceportavoz del Partido Socialista en las Cortes denunció el incremento notable de los asesores de la Junta de Castilla y León, y el vicepresidente portavoz lo explicó diciendo que había sido simplemente un olvido, algo difícil de creer, y que en modo alguno se puede justificar por tratarse de un gobierno de coalición.

Y la guinda  de este pastel autonómico la vino a poner el propio presidente de la Junta, nombrando asesor estratégico del grupo parlamentario popular a quien durante décadas había sido gerente regional del partido y que había sido cesado por Génova, que es de quien dependen los gerentes, semanas antes, al cumplir los 65 años y con una indemnización de 70.000 € , algo cuya legalidad no vamos a cuestionar, pero cuya ética y estética deja mucho que desear; y para rematarlo, el portavoz del grupo parlamentario que lo contrata se niega a hablar del tema alegando que es un asunto privado, como si el grupo parlamentario popular se nutriera de fondos que no sean públicos.

Vamos que el portavoz del grupo popular está en la línea de la vicepresidenta del Gobierno con aquella frase que la hizo célebre, de que “el dinero público no es de nadie”. No es de extrañar que los medios de comunicación, las redes sociales e infinidad de afiliados, hayan criticado duramente esta decisión, además de evidenciar un distanciamiento notable entre el PP regional y el nacional.

Y entrando en el fondo de la cuestión, ¿Son necesarios estos asesores?

Yo me permito dar mi opinión, y es que excepcionalmente puede estar justificado el nombramiento de asesores. Cuando empecé en política en la Junta de Castilla y León lo primero que hizo Aznar fue retirarnos a los consejeros las célebres visas oro y los gabinetes creados en cada una de las consejerías, y yo sobreviví cuatro años como consejero, sin necesidad de asesores, eso sí, nombrando en mis cuatro direcciones generales, salud pública, servicios sociales, cultura y deportes a cuatro persones expertas en su materia, y algo parecido hicieron los otros cuatro consejeros.

El problema se origina cuando los altos cargos carecen de esa formación y de esa experiencia que yo reclamo para los asesores, y se rodean de fieles sin formación, experiencia ni futuro laboral. Estos con aplaudir al jefe han cumplido.

Después sobreviví cuatro años como portavoz del grupo parlamentario popular, y veinte como alcalde de Valladolid, sin necesidad de crearme un equipo de asesores. Solamente, cuando se planteó la operación de integración ferroviaria en la ciudad de Valladolid, y ante la carencia de expertos en esta materia en el Ayuntamiento, convoqué un concurso público de ingeniería para asesorarnos en esta operación, concurso por cierto que fue adjudicado a un equipo de ingeniería en el que ninguno de sus miembros era del Partido Popular. En los demás casos, procuré nombrar a personas con experiencia acreditada en la materia que tenían que gestionar, con lo que no necesitaban asesores.     

En mi época de portavoz del grupo parlamentario tan sólo estábamos liberados el secretario del grupo y yo,  y no había ningún procurador liberado como hay en el momento actual, y por supuesto tampoco teníamos asesor alguno, y eso ocurría en todos los grupos. Con nuestro trabajo y el de dos funcionarios de empleo sacábamos los temas adelante. Hoy, hasta los concejales de pequeños ayuntamientos se permiten contratar asesores, y algunos, especialmente bien pagados. Y si alguno lo duda, le invito a entrar en Google en el tema de los asesores políticos y verá que no exagero un ápice.

En conclusión: asesores sí, pero en materias específicas y con personas que acrediten sus conocimientos y experiencia en la materia y los hagan públicos, así como sus retribuciones, y en ningún caso para recolocar a los amigos y correligionarios caídos de las listas electorales, o cesantes en cargos institucionales o de los propios partidos políticos, que deberían volver al ejercicio de su profesión, si la tenían, o a la jubilación si tienen la edad para ello. Lo otro, los ciudadanos ni lo entienden ni lo aprueban, y contribuye a desacreditar a quien toma estas decisiones ¿Estamos de acuerdo?

Terminada de escribir esta colaboración, nos enteramos de que Génova ha abierto expediente al presidente  de la Junta y a su portavoz parlamentario por estos hechos, y la respuesta del presidente ha sido para nota. Espero que se lo repiense y matice su respuesta, pues de no ser así, mal veo el futuro. Pero se me acaba el espacio y el tiempo, así que, de la brillante  justificación del presidente, hablaremos la  semana que viene.