La función pública data, en su origen, de Fernando VII (1825-1827) con la primera reglamentación de la función pública. En 1852 se promulga el primer Estatuto General de la Función Pública (Estatuto de Bravo Murillo) que aún no garantizaba la inamovilidad del funcionario, permitiendo que los clanes políticos jugasen con los puestos públicos para cubrir su necesidad y generar clientelismos, circunstancia esta que se intenta resolver con el denominado Estatuto de Maura en 1918, que garantizó la inamovilidad como forma de garantizar su neutralidad, imparcialidad e independencia, frente a cualquier influencia de intereses partidistas, que no vuelve a ser regulada hasta que en 1964 se dicta la Ley articulada de los funcionarios civiles del Estado, que crea los cuerpos generales y da acceso a la mujer a los cargos de la Administración Pública, que se vuelve a modernizar con la Ley de Medidas para la reforma de la función pública de 1984 y la reforma del Estatuto básico de 2007.

De todo ello se coligen varios datos de interés y fundamentales para comprender la situación actual:

La primera, que nuestra función pública se debería de caracterizar por la neutralidad, imparcialidad e independencia, circunstancia esta muy tocada por las arteras actuaciones de los políticos que inocularon su virus en las estructuras más altas y cercanas a ellos, pero que se está diseminando por el completo de la administración, sistemizando el problema.

Una segunda, que los funcionarios son personas adscritas al servicio público, encargados de la gestión de lo público y a favor de lo público, de forma y manera que ellos están al servicio del público y no viceversa, lo que se está viendo perturbado por las actitudes prepotentes de algunos funcionarios, la falta de atención directa y la implantación abusiva, indiscriminada y contraria a la función misma del teletrabajo que, siendo un instrumento eficaz, su mal o incorrecto uso, lo convierte en un arma que destruye el fundamento básico de la función pública.

Una tercera, que es la falta de una estructuración adecuada de los servicios públicos entre las diferentes administraciones que eviten la duplicidad de funciones, las dislocaciones tanto económicas como de funcionamiento por la errónea estructura de la organización del Estado que viene de un Estado centralizado no desmontado, sobre el que se han generado nuevas estructuras que distorsionan y generan una función pública deformada y cara.         

La función pública, la administración, requiere de una reforma que, minorando sus costos, la haga más ágil, eficaz y con una prestación mucho más eficiente y óptima. La carga política debe de reducirse drásticamente, pero la administración debe de optimizarse adecuándola a las necesidades públicas.

En unos momentos de crisis, la administración pública podría tener una labor fundamental, no sólo en la prestación de sus servicios, sino en el modo y manera de prestarlos, con todas las garantías sanitarias, de responsabilidad y cuidado oportunas, pero de forma cercana, útil y de ayuda al ciudadano y no convertirse en bunkers inaccesibles que no prestan servicio efectivo y que se convierten en modelos informales de subyugación del ciudadano.

Los sanitarios, los juzgados, las administraciones, los servicios y poderes públicos, deben de atender presencialmente al ciudadano, al que deben de evaluar físicamente, con cercanía y la empatía necesaria, sin impedirle el acceso a los mismos y facilitando su actuación, desdeñando el famoso "ese es su problema" demasiado generalizado en la "nueva administración".            

Resulta una mofa que los menores deban imprescindiblemente acudir a las aulas de forma presencial, pero ni el médico, ni el juez, tengan la obligación ineludible de actuar presencialmente con el ciudadano.

Que tenemos un virus es evidente, pero que la normalidad, el cuidado, el respeto y la ordinaria actuación de todos es imprescindible, con precauciones, con cuidados, con medidas efectivas, pero en pos de una recuperación real de la normalidad.