Un cazador, en una imagen de recurso

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El campo

Ya ha entrado en vigor: los habitantes de Castilla y León podrán pescar y cazar en Andalucía y Castilla-La Mancha

Ambas comunidades autónomas se han incorporado al convenio de Licicaz, que suma ya 10 territorios y permite la práctica de estas disciplinas bajo una única licencia.

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Ya ha entrado en vigor la posibilidad de que los habitantes de Castilla y León interesados puedan, bajo una licencia interautonómica única, ejercer la caza y la pesca en las otras nueve comunidades autónomas adheridas al convenio de Licicaz al que se han adherido de nuevas Andalucía y Castilla-La Mancha.

La renovación de este documento se ha publicado este martes, 10 de marzo, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en el que están integradas una decena de comunidades autónomas, incluida Castilla y León.

El convenio se ha suscrito junto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación e incluye las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunitat Valenciana, Galicia, Extremadura, Madrid, Región de Murcia y Principado de Asturias.

Los pescadores y cazadores podrán practicar estas actividades en todo el territorio de las comunidades firmantes haciendo uso de una única licencia, sin que sea necesario llevar a cabo trámites individuales en cada comunidad.

Este convenio sustituye al marco legal de 2017. Además, establece un marco de colaboración técnica y económica para facilitar la movilidad de los usuarios. Las licencias expedidas tienen un año de validez y un coste fijo de 25 euros para el caso de las de pesca en aguas interiores y de 70 euros para las de caza.

Cabe resaltar que las inhabilitaciones por infracciones en una comunidad serán extendidas automáticamente al resto de territorios.

La operatividad de esta colaboración se apoya en la plataforma Licicaz-web, desarrollada y mantenida por el Ministerio que dirige Luis Planas. La herramienta permite un intercambio automático de información entre las distintas administraciones y da la potestad a los técnicos de gestionar altas, bajas y verificar los requisitos en tiempo real.

La medida no solo reduce la burocracia, sino que también asegura una gestión sostenible y compatible con el dinamismo económico de las zonas rurales.