Este miércoles, COAG Castilla y León emitió un comunicado de prensa donde denunciaba que “tras la publicación el pasado 21 de septiembre por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de la orden que incluye al lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, el cánido ha dejado de ser especie cazable”, y que “esta circunstancia supone, de acuerdo con la normativa autonómica, que los daños generados por este animal en los terrenos cinegéticos al norte del Duero de los que la Comunidad Autónoma es titular dejen de ser compensados al ganadero”.

Pues bien, casi simultáneamente, “lo que denota el nerviosismo propio de quienes tienen la conciencia muy poco tranquila”, dice Lorenzo Rivera, coordinador regional de COAG, el MITECO emite otra nota en la que niega la veracidad de la información de COAG amparándose en este párrafo: existe “la obligación de que la administración competente compense los daños en todo el territorio nacional y no solo en las áreas donde gestionaban la caza”. Y lo afirma el director general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Miteco, Jorge Marquínez.

COAG Castilla y León afirma categóricamente que tal declaración "no es cierta, ya que no hay base legal que obligue a las consejerías de las comunidades a adherirse a ella, por lo tanto, la obligación a la que alude Jorge Marquínez no es tal.  Además, podemos calificar tal afirmación de hipócrita pues fue el propio Jorge Marquínez quien reconoció a las organizaciones agrarias que las comunidades autónomas no están obligadas a adherirse a la Estrategia aludida".

Lo que hace el MITECO ahora es "sacar pecho porque tiene previsto chantajear a las Comunidades que no se adhieran a la Estraga negándoles las partidas económicas destinadas a la conservación del lobo", afirman desde la coordinadora en un comunicado remitido a este periódico.

Según los servicios jurídicos de COAG Castilla y León “la aprobación de una Estrategia para la convivencia de las actividades del medio natural con el lobo, no puede obligar a las comunidades autónomas a tasar y compensar los daños en sus respectivos territorios. Dicha "Estrategia" se aprobará, en su caso, por la Comisión Nacional de Protección de la Naturaleza, que es un órgano meramente consultivo y de cooperación (art. 36 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres). Por ello sus acuerdos no se pueden imponer a las Comunidades Autónomas que no participen en ellos.”

En el comunicado que emitió COAG este miércoles se aludía a dos órdenes autonómicas tan "reales y tangibles como el precio de la electricidad". Esta normativa "niega toda posibilidad de que se abonen los ataques del lobo en tanto especie no cazable. Y tales órdenes están en vigor, no como la Estrategia de protección del lobo a la que alude Jorge Marquínez que es una potencialidad. Y, además, es muy probable que Medio Ambiente de Castilla y León no la secunde", señalan desde el organismo. Aunque COAG conmina a esta Consejería a que "ponga en marcha el corpus normativo pertinente cuanto antes para que los ganaderos puedan cobrar las indemnizaciones".

Las órdenes

La Orden FYM/288/2017 relativa a la compensación derivada de los daños a la agricultura y ganadería en los terrenos cinegéticos de titularidad autonómica, se limita a las especies cazables, condición que ya no atañe al lobo, tras la orden del Miteco.

Y la Orden MAM/1751/2005 que regula las ayudas de la franquicia de los seguros por daños de lobo al norte del Duero, que tampoco se aplica en estos espacios, pues excluye de esta posibilidad a los daños soportados en los terrenos cuya responsabilidad corresponde a la Junta de Castilla y León.

Además, el artículo 54.6 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, establece que, con carácter general, "las Administraciones públicas no son responsables de los daños ocasionados por las especies de fauna silvestre, excepto en los supuestos establecidos por la normativa sectorial específica. Mientras que respecto de las piezas de caza, la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza, dispone que los titulares de aprovechamientos cinegéticos serán responsables de los daños originados por las piezas de caza procedentes de los terrenos acotados. Por consiguiente, al dejar de ser el lobo una pieza de caza al norte del Duero, los daños que producen siguen el régimen de cualquier daño ocasionado por la fauna silvestre, donde rige el principio de no responsabilidad de la Administración".

Es decir, actualmente, conforme a la normativa vigente de aplicación, "los daños por ataques de lobo en las explotaciones ganaderas situadas en Reservas de Caza no cuentan con ninguna posibilidad de indemnización pública. Salvo que el ganadero acuda a los tribunales de justicia y pruebe la responsabilidad de la Administración en la producción del daño", aseguran desde COAG.

Del mismo modo, han señalado que "la Estrategia de protección del lobo, a la que alude el director general, primero ha de ser regulada, después, convocada, después, distribuidos los fondos a las comunidades (contando con la aprobación previa de los Presupuestos Generales del Estado). ¿De cuánto tiempo estamos hablando? ¿Será la cuantía suficiente para compensar todas las pérdidas? ¿Cuánto tiempo van a esperar los proveedores y bancos a cobrar sus deudas a los ganaderos a los que el lobo les sigue ocasionando destrozos día sí y día también? ¿O es que el lobo se va a esperar a atacar a la ganadería hasta que las ayudas estén en condiciones de pagarse?".

Igualmente, han afirmado que "por lo que se ve, aquí el problema radica en el hecho de que el lobo no lee el Boletín Oficial del Estado".

Por último, COAG Castilla y León reitera, y pide que el MITECO "no desvíe la atención, a la ministra Teresa Ribera la publicación urgente de las ayudas prometidas, por importe de 20 millones de euros, para compensar los daños que ocasione el lobo una vez que este depredador ha dejado de ser considerado especie cazable".