El campo

Asaja acusa a Igea de provocar un “efecto llamada” de inmigrantes “prometiendo un paraíso que no existe” en Castilla y León

11 diciembre, 2020 13:24

El secretario general de Asaja Castilla y León, José Antonio Turrado, acusó hoy al vicepresidente de la Junta de Castilla y León de provocar un “efecto llamada” de inmigrantes, “prometiendo un paraíso que no existe” en la Comunidad, algo que califica de “impropio de un responsable público”.

En un artículo de opinión recogido por Ical, Turrado destaca que en los pueblos son conscientes de que “necesitan a los inmigrantes” para “trabajos tan dignos como los demás, pero que la población nacional rechaza”. “Nos entendemos con ellos cuando trabajan con nosotros y cuando viven en nuestros pueblos, y no tenemos ningún tipo de prejuicio cuando no hay motivos para ello. Pero igual que sabemos que a los inmigrantes cuando trabajan para nosotros tenemos que darles un salario digno, sabemos que, antes de hacer un llamamiento para que lleguen a nuestros pueblos, lo primero debemos tener garantizados el trabajo, la vivienda, y los servicios más elementales”, subraya.

A su juicio, las declaraciones de Igea el pasado miércoles en las que reclamaba al ministro Escrivá facilitar el arraigo de inmigrantes irregulares y solicitantes de asilo en zonas despobladas “tendrían un sentido si las hubiese hecho después de presentar un plan de empleo en el medio rural con el objetivo de satisfacer las demandas de la población local y de los inmigrantes que pudieran llegar, y si las hubiese hecho después de garantizar una mejora de los servicios públicos en los pueblos, y de promover un plan de rehabilitación de esas viviendas vacías que, francamente, hoy no deberían de ser habitadas”.

“No sería difícil, visto lo que opina el vicepresidente de la Junta, habilitar alguna ayuda pública para las familias que no alcanzan a poder pagar la modesta renta de estas viviendas, o en su caso afrontar la compra, por lo que, visto así, podríamos estar en vías de resolver un problema”, defiende.

Según apunta, “los inmigrantes alquilan, compran, y hasta ocupan casas en los pueblos, como alternativa a lo que le ofrecen las ciudades, pero estos inmuebles suelen estar en condiciones pésimas de habitabilidad y por lo general ni el arrendador ni el inquilino invierte un euro en mejorarla”. “Por otra parte, el estado en el que queda la vivienda una vez que el inmigrante deja el pueblo, algo habitual, no siempre es el deseado”, añade.