El presidente del Gobierno Pedro Sánchez
Confirmado por el Gobierno: los propietarios estarán protegidos ante el impago del alquiler de sus inquilinos
La medida, incluida dentro del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, ya cuenta con línea presupuestaria para financiarla y se aplicará solo en casos concretos en los que el arrendatario sean jóvenes o familias vulnerables.
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El pasado 24 de abril entró en vigor el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 una vez fue aprobado en el Consejo de Ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Un documento que regirá las políticas públicas para el próximo periodo en esta materia y que, en este momento, es uno de los ámbitos que más preocupan a los ciudadanos.
Entre las novedades que más destacan está la protección de los propietarios ante el impago del alquiler de sus inquilinos. En Castilla y León, según los últimos datos disponibles, hay alrededor de 120.000 viviendas alquiladas y tres de cada cuatro de ellas se ubican en municipios de más de 20.000 habitantes.
Una medida que ya fue aprobada a finales de 2025 mediante Real Decreto y que con la luz verde al plan, en el que se invertirán 7.000 millones de euros, se pone a disposición la línea presupuestaria para financiar los avales. A partir de aquí, queda la firma de los pertinentes convenios con las comunidades autónomas. Se espera que puedan comenzar a aplicarse en la segunda mitad de 2026.
La iniciativa pretende incentivar que los propietarios saquen al mercado sus viviendas, para elevar la oferta ante una altísima demanda, con la seguridad de que no sufrirán las consecuencias de la precariedad en la que se encuentran muchos jóvenes y familias vulnerables.
Hay que tener en cuenta, en cualquier caso, que esta no será una ayuda a fondo perdido y que los inquilinos deberán devolver las cuantías de las que la Administración General del Estado se haga cargo en concepto de avalista tras darse la situación de impago.
Tal y como especificó el propio presidente del Gobierno en España, Pedro Sánchez, durante la presentación de la medida hace unos meses, esta se aplicará en casos muy concretos.
Cómo funciona la medida
La cobertura de esta medida será gestionada por la propia Junta de Castilla y León, que cuenta con las competencias transferidas en esta materia. El objetivo principal es facilitar el acceso a la vivienda de determinados colectivos como los jóvenes y las personas vulnerables.
Cabe resaltar que la comunidad autónoma siempre puede establecer criterios adicionales, pero para que el arrendador acceda a este aval tiene que conocer una serie de requisitos que han de cumplirse para poder beneficiarse.
El más importante es que el contrato de arrendamiento tiene que estar firmado con un menor de 35 años o, en su caso, con personas en situación de vulnerabilidad, según lo que establece cada autonomía.
En el caso de Castilla y León, estarían dentro de este colectivo de personas aquellas que se encuentren en una situación económica crítica que le impida cubrir los gastos básicos, familias con hijos menores a cargo sin empleo estable o recursos económicos, personas con discapacidad o grados de dependencia, que estén en riesgo de exclusión social o desamparo personal o los desempleados de larga duración.
Asimismo, la renta del alquiler no podrá superar el índice estatal de referencia, que es actualizado cada periodo por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta manera, se garantiza que la cobertura de estos impagos se efectúa en aquellos alquileres que pueden considerarse asequibles.
Además, el contrato debe incluir el depósito de la fianza legalmente establecida en los cauces autonómicos reglamentarios pertinentes.
Arrendador y arrendatario, a su vez, deben firmar el compromiso pertinente al aval al alquiler, con arreglo aprobado por la Administración General del Estado.
Este aval, además del impago de las rentas de alquiler, también podrá cubrir los daños causados a la vivienda y el coste de suministros debidos y de los que se hizo cargo el propietario.
Estos últimos, para ser beneficiarios de las ayudas, deberán estar, en cualquier caso, al corriente de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social. Las comunidades autónomas que así lo contemplen también podrán ser perceptoras de la ayuda si han suscrito un seguro con los propietarios.
Los contratos que podrán acogerse a esta línea de avales serán aquellos que estén vigentes a 30 de enero de 2025. La Junta de Castilla y León tendrá, por su parte, la obligación de suministrar información semestralmente al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana sobre las coberturas que se han aplicado.
