Guerra judicial contra el biogás: una veintena de asociaciones anuncian una querella penal contra la Junta

Un total de 21 asociaciones y plataformas ciudadanas de Castilla y León han anunciado esta mañana en Valladolid la "inminente" interposición de una querella penal contra la administración autonómica por la gestión de los proyectos de biogás en la Comunidad.

"Los vecinos y vecinas de diferentes provincias de la Comunidad, ante la avalancha de proyectos de biometano con los que ven amenazada su vida, han tomado así la decisión de unirse y luchar juntos para defenderse de esta amenaza tan destructiva como real", aseguran.

La acción legal, dirigida contra el director general de Infraestructuras y Sostenibilidad Ambiental y diversos jefes de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente, contempla presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y prevaricación urbanística. Presuntos delitos que, añaden, podrían conllevar penas de inhabilitación e incluso de cárcel.

Esta decisión llega, aseguran, tras constatar el "nulo interés" de los gobernantes de esta Comunidad por conocer "más información que la publicitada por las empresas del bogás negándose a considerar los gravísimos inconvenientes que representaría esta industria para toda la población, la gente se ha visto abocada a recurrir a la Justicia en busca de ayuda y socorro", indican en un comunicado.

Entre los fundamentos de la querella destaca el incumplimiento de las distancias mínimas a núcleos urbanos, gasolineras y otras instalaciones, así como la aplicación de normativas del sector porcino que no se respetan, según la abogada Pilar Calvo.

La defensa legal subraya la ausencia de planes de emergencia ante posibles fugas o explosiones y critica que la Junta no exija a las promotoras justificar el origen de la materia prima ni el destino de las enormes cantidades de digestato (residuos) hasta que las plantas ya están construidas, entre otros motivos.

Asimismo, la querella pone el foco en la viabilidad financiera de los proyectos, señalando que muchas de estas empresas cuentan con un capital social mínimo de 3.000 euros, lo que implicaría en su opinión que no tendrían capital suficiente para hacer frente al pago de esas tasas de autorización ambiental que incluyen el 1% del valor total del proyecto.

Las plataformas advierten de que si se les denegara el desarrollo de esta actividad por incumplir esas condiciones, las empresas podrían pedir responsabilidad patrimonial a la Administración por haberse concedido unas licencias y después no permitirles funcionar.