La Junta de Castilla y León ve “difícil” que haya presupuestos para el 15 de octubre (fecha que fija el Estatuto de Autonomía) y le culpa ahora al Gobierno central por haber postpuesto la publicación de los Presupuestos Generales del Estado hasta el día de hoy cuando estaba fijado para el 30 de septiembre, como recoge la Constitución. Ahora la presentación dependerá del “análisis” de los PGE y su adaptación a las cuentas autonómicas para “adaptarlos a esta nueva realidad”.

“La ley deja ese margen de tiempo y en esta ocasión los cambios son más importantes y de última hora, algunos aspectos que ni siquiera hemos sido informados las Comunidades Autónomas, por ejemplo, la modificación en materia tributaria. Veremos cómo queda todo porque hay que imputarlo al presupuesto”, ha analizado el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Sin problemas con Vox

Lo que sí ha garantizado es que se tendrá un “buen Presupuesto” y ha querido desligar este retraso en las cuentas con posibles enfrentamientos en el Gobierno de coalición con Vox. “Siempre es difícil elaborar unas cuentas, incluso cuando el gobierno es monocolor porque cada consejero tiene una visión y su área le parece la más importante. En este caso veo que el esfuerzo es incorporar todas estas demandas en un presupuesto que tiene sus limitaciones por culpa del contexto de crisis económica que atravesamos. La dificultad no es tener un socio de gobierno porque coincidimos en muchos aspectos, como por ejemplo, tener un presupuesto para crear empleo, para consolidar los servicios públicos o el compromiso con el mundo rural”.

Ahora bien, ha avanzado que la próxima semana se aprobará la denominada Ley del techo de gasto, que es el punto de inicio para los próximos presupuestos. Para ello ya se trabaja analizando los datos para “acomodar” a las cuentas de Castilla y León para 2023.

Hay que recordar que el año pasado el techo de gasto, que fue de 11.621 millones, se aprobó el 14 de octubre por la Junta y el 20 en un pleno en las Cortes de Castilla y León, lo que llevó a que los presupuestos se acordarán por el Consejo de Gobierno el 28 de octubre.