Un total de 38.560 personas se benefició de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) en 2016, 1.031 más que en 2015, la mayoría de ellas mujeres (58%) de entre 25 y 45 años.

Así lo ha explicado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, quien ha firmado un convenio de colaboración sobre esta materia con el Procurador del Común, Javier Amoedo.

La Renta contó con una dotación presupuestaria inicial en 2016 de 69 millones de euros, aunque con un crédito ampliable que ha supuesto que al final se haya destinado a la misma 76,5 millones de euros, 3,5 más que en 2015. Alicia García ha destacado el esfuerzo presupuestario en la RGC y ha recordado que en 2011 se destinaban 27 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 183% y ha permitido beneficiar, desde su puesta en marcha, a más de 66.000 castellanoleoneses.

La titular de Familia ha incidido en que la Renta Garantizada de Ciudadanía persigue no solo garantizar unos ingresos mínimos, sino también la inserción sociolaboral de las personas. En este sentido, ha explicado que 4.245 perceptores de esta prestación tuvieron trabajo en 2016 (3.080 en 2015) y, de ellos, 1.200 lo hicieron gracias a los planes de empleo de la Junta, especialmente el Plan de Empleo Local.

El perfil del perceptor de la RGC corresponde, mayoritariamente, a una mujer (58,09% frente al 41,9% de hombres), que vive en el medio urbano (62,5%), de entre 25 y 45 años (el 53,12%), con cargas familiares (en el 58,8% tiene familiares a su cargo frente al 41,1% de los casos en los que el titular es beneficiario único), en especial con hijos menores de edad y de nacionalidad española (el 12,03% eran extranjeros).

Por lo que se refiere a la cuantía, han recibido 536,67 euros de media, ha añadido Alicia García, quien ha recordado algunos rasgos característicos de la prestación, según el informe de Rentas Mínimas de Inserción. En el mismo se recoge que la cuantía mínima está por encima de la media (426 euros frente a 420), así como la máxima (692 frente a 664), y además se pone de manifiesto que en todas las comunidades autónomas, salvo Castilla y León, Asturias y Madrid, se conceden este tipo de prestaciones con límite de tiempo.

Convenio para mejorar

García se ha expresado así tras la firma con Javier Amoedo de un convenio de colaboración para la coordinación de actuaciones en materia de la prestación de Renta Garantizada de Ciudadanía.

El objeto del acuerdo firmado entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y el Procurador del Común es el establecer un marco jurídico de colaboración específica y de comunicación para coordinar las actuaciones en materia de prestaciones previstas en el ámbito de los Servicios Sociales integradas en la Red de Protección a las familias y personas de Castilla y León afectadas por la crisis.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se compromete a facilitar periódicamente al Procurador del Común datos referidos a la gestión de la prestación de Renta Garantizada de Ciudadanía, para lo que crea un canal directo de comunicación que permita recibir de forma anticipada las quejas y reclamaciones admitidas en la Procuraduría del Común, además del compromiso de reducir los plazos previstos para la contestación al Procurador (de un mes a 15 días).

Por su parte, el Procurador del Común se compromete a informar periódicamente a la Consejería de todo lo relativo a sus actuaciones en esta materia; facilitar la información que pueda recabar sobre la tramitación de expedientes sobre la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía; colaborar con la Consejería a la hora de considerar posibles modificaciones normativas y de la práctica administrativa con el fin de reforzar, en último término, la protección del ejercicio del derecho a la prestación, apoyar y colaborar con las iniciativas de carácter informativo o divulgativo.

Amoedo ha expresado la satisfacción por este acuerdo en referencia a la RGC, cuyas quejas bajaron de 52 a 36 (2015 a 2016) y que tuvieron motivaciones "muy reiteradas" como la demora en la tramitación de expedientes, la dificultad de los extranjeros a aportar documentación o un "excesivo rigor" a la hora de aplicar las causas de denegación o extinción de la prestación.

Mejora

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha recordado que en entre los acuerdos del Diálogo Social se alcanzó el compromiso de ampliar la cobertura de las necesidades de atención social en el ámbito de la Red de Protección.

Para ello, en abril de 2016, se aprobó el Decreto-Ley de medidas extraordinarias para reforzar la Red de Protección referidas a las prestaciones económicas para necesidades de subsistencia que integran la Red de Protección que, en diciembre, se convirtió en Ley con el apoyo unánime de todos los grupos parlamentarios.

Esto hace posible la flexibilización, ampliación y compatibilización de las principales prestaciones y garantiza las necesidades básicas de subsistencia de familias sin especiales necesidades de inclusión social empobrecidas por la situación económica así como de las personas que, recibiendo prestaciones sociales por una actividad laboral, obtienen ingresos insuficientes para atender esas necesidades.