El secretario general de UGT Servicios Públicos en Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, invitó hoy al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, a irse a su “casa” para que sea sustituido por otra persona que elabore después de 15 años una ley del fuego y un plan sectorial que apueste por parques de bomberos profesionales y no por voluntarios, que denunció están cobrando por el trabajo que realizan, según informa Ical.

El dirigente sindical y el bombero de Zamora y delegado de UGT Servicios Públicos, José Ignacio García Rubio, comparecieron después de que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) tumbara el Plan Sectorial de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento ante el recurso del sindicato y otras dos organizaciones.

En ese sentido, el secretario general de UGT Servicios Públicos en Castilla y León señaló que la Junta hizo “mal” el plan, porque “faltaban muchas cosas” y criticó que tenga previsto seguir “adelante” ante la posibilidad de recurrir en casación ante el Tribunal Supremo. A su juicio no quiere reconocer que se ha equivocado y pretende continuar con una “política errática” en extinción de incendios, a lo que añadió el “fracaso absoluto” en materia forestal.

De esta forma, Tomás Pérez Urueña criticó que la Junta no le haga “ni caso” al Consejo Consultivo o a los sindicatos y que se empeñe en mantener un plan sectorial, anulado por el TSJ, que es “inoperativo” y que degrada la figura del bombero profesional, que defendió es “esencial” en la sociedad. También indicó que Medio Ambiente quería avalar la actuación de algunas diputaciones, como la de Salamanca, que apuesten por los voluntarios, que denunció perciben una remuneración.

Además, el delegado de UGT añadió que está en juego una ayuda de más de 30 millones con cargo a los fondos Next Generation, que financiaba las obras de construcción de los parques y las compras de vehículos y materiales, porque estaba ligada al plan sectorial anulado.

El bombero José Ignacio García Rubio recordó que la ley de Protección Ciudadana, aprobada en 2007, exigía la elaboración de un plan sectorial para prestar el servicio de extinción de incendios de forma equitativa en todo el territorio, que tras ser aprobado se ha declarado ilegal. Recordó que los motivos esgrimidos por el TSJ son la falta de una memoria económica porque señaló no se justifica el coste para los municipios de más de 20.000 habitantes si prestan el servicio fuera de su municipio y para las diputaciones.

Además, indicó que el tribunal cuestiona que Castilla y León apueste por los “voluntarios”, que insistieron están cobrando un salario, y recordó que la normativa prohíbe que sustituyan a profesionales en aquellos servicios cuya prestación sean obligatorias. También, explicó, rechaza la indefinición de algunos términos como el de interviniente, ya que consideró existen “muchas lagunas”.

Finalmente, reclamó que se negocie con las organizaciones sindicales un plan sectorial que se ajuste a la ley para prestar el servicio de forma equitativa en todo el territorio. También exigió que se apueste por lo público, por bomberos profesionales, como agentes de la autoridad, y no por voluntarios.