Apamcyl, sindicato federado en Uscal, mayoritario en la representación de los agentes medioambientales en Castilla y León, muestra su indignación ante lo ocurrido en la Sierra de la Culebra. Los agentes medioambientales denuncian "negligencia en la gestión de la Junta de Castilla y León, que ha puesto en peligro la seguridad ciudadana y ha devastado una zona de incalculable valor ecológico y económico".

El incendio que ha arrasado más de 30.000 hectáreas en la Sierra de la Culebra en Zamora "es la consecuencia de la pésima gestión llevada a cabo por la Junta de Castilla y León. Desde el plano económico, estamos ante una gestión nefasta: se ahorra en contratos temporales y en un solo incendio las pérdidas multiplican por tres el presupuesto dedicado a extinción de incendios. A lo que habrá que añadir el gasto en su restauración, que a su vez tardará varias décadas en volver a producir los bienes y servicios que como único modo de vida, mantenía la escasa población rural en la zona. Actividades como la ganadería, la apicultura, el turismo de naturaleza, la caza o la micología se han llevado un mazazo del que tardarán muchos años en salir", manifiestan.

Actualmente, "contamos con numerosos sistemas de información ambiental monitorizada que permiten controlar tanto la humedad de la vegetación, temperaturas, la velocidad del viento, establecer previsiones de tormentas. Se llevaba avisando dos semanas de que se esperaba una ola de calor con tormentas secas con velocidades de viento fortísimas. Existen medios de prevención, pero, por el decreto del Infocal, la Junta de Castilla y León tiene establecido el período de riesgo alto a partir del 1 de julio. Y quienes tienen la potestad de declarar riesgo alto, para habilitar el 100% del operativo, no lo hicieron. Anunciando simplemente que el 1 de julio, estaría todo preparado. El resultado es tristemente conocido".

El sindicato añade que "el solapamiento de contratos de camiones y mangueristas supone que algunos tengan turnos de seis meses, otros de cuatro y que en ocasiones no exista servicio al trabajar solo de lunes a viernes. A esto hay que sumarle la precariedad del personal que trabaja en los retenes, en las torres de vigilancia y los bomberos forestales. Se han gastado cientos de miles de euros en un sistema de cámaras de vigilancia, que no han dado el resultado que vendían. Muchos puestos de este personal, fijo discontinuo, se les obliga a coger vacaciones al principio del contrato o bien al final del mismo cuando llueve en octubre, lo que ha supuesto que esta semana del incendio no hubiera suficiente personal, por estar de vacaciones, al estar fuera del período de alto riesgo".

Además, "se ha puesto en riesgo la seguridad de los bienes materiales y personales de una comarca como la Sierra de la Culebra, con numerosos pueblos habitados por personas de edad avanzada y todo, entendemos, por una cuestión de ahorro. Apagar un incendio supone un gasto de entre 6000-7000€ por hectárea. Si estamos hablando de 30.000 hectáreas, la extinción estaría alrededor de los 200 millones de euros, solo en extinción, luego habría que añadir el gasto que supone la restauración. Toda la madera hay que cortarla y la biomasa que se va a producir hay que gestionarla para su aprovechamiento, del cual se harán cargo diferentes empresas, y los ayuntamientos recibirán el dinero de sus montes quemados, al año siguiente, ¿qué? Un ingreso económico puntual que no compensa el daño que este incendio provoca al turismo micológico, cinegético y rural propio de esta zona".

"Lamentablemente, son muchas las consecuencias que conlleva un incendio forestal. En este caso, la Sierra de la Culebra es una de las zonas con más densidad de lobo de España; con las manadas en plena época de cría se han desestructurado y muchos de los adultos habrán emigrado a otras zonas, donde hay otras manadas y se darán conflictos por el territorio y la falta de alimento. Una vez que nos encontramos con un incendio de estas características, existe un alto riesgo de contaminación de acuíferos en caso de tener lluvias torrenciales por el movimiento de cenizas".

Los agentes medioambientales sostienen que "desde el plano económico estamos ante una gestión pésima: se ahorra en unos contratos y en un solo incendio las pérdidas multiplican por tres el presupuesto dedicado a incendios".

"Ha quedado demostrado por segundo año consecutivo que la gestión del operativo de incendios de la Junta de Castilla y León es absolutamente desastroso, por lo que se exige al presidente que adopte las medidas oportunas para cesar a los responsables de dicha gestión", concluyen.