Dentro del dosier para captar millonarias inversiones, José Luis Moreno ponía como ejemplo Reinas, martir y vírgen, una serie que TVE emitió en 2017 con mucha polémica ya que por entonces el empresario debía 3,4 millones de euros a Hacienda. 

Sin embargo los directivos de la cadena defendían que habían contratado los derechos de emisión de Reinas con Indiana Pictures S.L, un productora que se encontraba "al corriente de sus obligaciones tanto tributarias como con la Seguridad Social", cuyo administrador único era Jean Paul Jongen Pascal y sólo contaba con dos empleados. Pascal había sido guionista de series como Ana y los 7, Maitena: Estados alterados y Al salir de clase, pero desde 2008 no aparecía ningún trabajo registrado. 

No obstante, en los títulos de crédito aparecía la empresa Crystal Forest, propiedad de Moreno, como encargados de la producción de la ficción y BLUPER pudo constatar que desde la productora Kulteperalia S.L, que decía al fisco 1.891.661 euros, se estaban solicitando "maquilladores/peluqueros expertos en pelucas" para una importante serie de televisión de época.

Por todo ello, este medio solicitó entonces a Transparencia los contratos de esta producción. Sin embargo, la cadena pública se negó en aportar esta información porque "perjudicaría de forma directa sus intereses comerciales". Finalmente, gracias a que en febrero de 2018 se conocieron las cifras del informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), por fin pudimos saber que la ficción costó tres millones de euros a RTVE.

Esta falta de transparencia, sin embargo  ha sido algo común en RTVE durante los últimos años. De hecho, la Corporación ha recurrido más de una vez ante los tribunales para negarse a revelar datos sobre sus gastos.

Presentación de 'Reinas' en el Matadero de Madrid.

La compra de películas a Cerezo

Uno de los casos más flagrantes fue el de la compra de películas al empresario Enrique Cerezo. La Corporación adquiría en 2015 un total de 690 títulos a razón de 15.000 euros por película. En total, 8,9 millones de euros que pretendían fidelizar a los amantes del cine español a través de Historia de nuestro cine, un nuevo ciclo de películas desde 1935 hasta 1999 y que ocuparían todos los prime time de La 2 desde mayo de 2015 hasta 2017.

Ya un año después, al haberse quedado cortos en su previsión, la Corporación compró 100 títulos a razón de 13.000 euros por cinta (1,3 millones), en 2017 añadía unos 150 títulos más pagando 2,5 millones de euros y en 2018 desembolsaba 800.000 euros más.

Por todo ello, haciendo uso de la Ley de Transparencia, un ciudadano pidió TVE el contrato con Video Mercury Films. Sin embargo, la Corporación se negó porque el solicitante quería "promocionarse profesionalmente", lo que llevó al mismo a acudir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

Fue entonces cuando la televisión público empezó a enrocarse para no facilitar el contrato e iniciar todos los trámites legales a su alcance. Finalmente, el juzgado central de lo contencioso administrativo número 7 de Madrid desestimó el recurso presentado por RTVE obligando a la Corporación a informar sobre la compra de películas a Cerezo.

El programa de Carlos Herrera

No sería la única vez que TVE se empeñaría en litigar para facilitar información pública. Así, en 2019, el mismo juzgado obligó a la Corporación a informar sobre el coste del fallido programa de Carlos Herrera en La 1, ¿Cómo lo ves? Según pudo confirmar Invertia, este programa tuvo un coste total de 2 millones de euros, a razón de 330.000 euros por entrega. 

Un año antes, la Audiencia Nacional instó a RTVE a facilitar información sobre las retribuciones percibidas por su personal directivo entre 2014 y 2017. Según se publicó entonces, la suma de los sueldos anuales de estos siete cargos era de 1,1 millones de euros. 

Asimismo, el Supremo obligó a la Corporación a publicar el coste de la participación de España en Eurovisión en 2015 y 2016, aunque sin desglosar los gastos en partidas como viajes, alojamientos, dietas, vestuario y acompañamientos.

RTVE también pelearía en los tribunales para no revelar cuánto costaban por separado cada uno de sus seis canales, el coste de la Gala de fin de año de 2015 o los sueldos de Ramón García y Anne Igartiburu por las Campanadas.