Constancio Navarro, presidente de la Unión Vecinal .
Vivimos tiempos raros. El año pasado los vecinos de Las Fuentes rechazaron la construcción de un parque en su barrio, en la zona de Torre Ramona, que iba a ejecutarse dentro de la iniciativa denominada Bosque de los Zaragozanos.
Los motivos, entre otros, eran que creían que sus prioridades eran otros equipamientos, además de que el modelo elegido no coincidía con sus deseos. Un barrio rechaza un parque.
También hemos visto que en San José no se está de acuerdo con las viviendas previstas en los antiguos terrenos de Alumalsa.
Se rechazan las viviendas libres por cuanto entienden que encarecerán los precios en el distrito y exigiendo que en los terrenos, que eran municipales, se construyan viviendas públicas. Un barrio rechaza unas viviendas.
Y hace poco que otros dos barrios de la ciudad rechazan frontalmente que en terrenos de uso dotacional se edifiquen viviendas. En este caso se trata de viviendas de alquiler asequible en las que el Gobierno de Aragón, en terrenos municipales destinados a equipamientos, permite a la iniciativa privada la construcción de viviendas para su reversión en un plazo de 75 años, de los que 15 serán obligatoriamente de alquiler económico.
El motivo fundamental es que quieren que en esos terrenos se ejecuten los usos previstos, sean educativos, deportivos o cualesquiera otros.
El Gobierno de Aragón argumenta que sobran suelos para esos usos. El problema es que los que han elegido para las viviendas los ciudadanos los quieren para equipamientos. Otros barrios rechazan viviendas.
Podríamos encontrar más casos, como la defensa del edificio de Correos en El Portillo u otros.
En todos se observa el mismo patrón: los políticos, en su soberbia o prepotencia, no consultan con los ciudadanos cuáles son sus necesidades, qué quieren y cómo lo quieren.
Lo que suele ocurrir, sesgos ideológicos aparte, es que se encuentran con rechazos frontales a sus propuestas; incluso tan extraños como rechazar un parque o la construcción de viviendas, teniendo en cuenta su escasez.
Pero hemos visto un pequeño rayo de esperanza: políticos de las administraciones autonómica y local, ante la oposición de los vecinos a sus planes de construcción de viviendas en terrenos dotacionales, les han solicitado que presenten alternativas.
Hay que partir del hecho de que es cierto que en las partes nuevas de la ciudad existen terrenos cedidos gratuitamente a la administración local para equipamientos en una proporción adecuada a la normativa urbanística pero muy amplia, por cuanto esas cesiones no han sido revisadas en muchos años.
Para hacernos una idea, durante mucho tiempo cuando se urbanizaba un polígono industrial había que ceder parcelas para equipamientos educativos, deportivos, zonas verdes, etc., que siempre acababan siendo terrenos baldíos donde se depositaban escombros.
A la vista de que muchos de estos terrenos no se edifican para sus usos previstos en muchos años, parece razonable reconsiderar las proporciones exigidas en las normas urbanísticas.
Hay que insistir en el cambio de actitud. Hemos pasado del «manifestaos cuanto queráis, que nos da igual» a oír a los ciudadanos y solicitarles dónde querrían las construcciones.
Es un primer paso, evidentemente, pero aún falta mucho para conseguir lo que, como aquí decíamos hace unas semanas, ocurre en ciudades como Berlín, Ámsterdam o Copenhague; ciudades en las que cuando se plantea una obra en la ciudad, ya sea un parque, una renovación de calles o cualquier otra, se conforma desde sus fases iniciales un consejo asesor constituido por políticos, ciudadanos afectados y responsables técnicos relacionados con los proyectos, que discute todos los temas que tengan que ver con la actuación, analiza el desarrollo de las obras, aborda los conflictos que surjan entre miembros y busca soluciones sostenibles.
Y todo se hace de manera conjunta, por consenso.
Es evidente que falta mucho para llegar a esto, que en otras ciudades europeas es normal, pero hay que confiar en que se ha dado un primer, aunque pequeño, paso.
