Constancio Navarro, presidente de la Unión Vecinal
Dentro de 11 días se cumplirán 25 años desde que se aprobó definitivamente el actual Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza (13 de junio de 2001).
Un cuarto de siglo en el que han pasado muchas cosas (la Expo, la crisis de 2008 …), en el que la manera de entender la ciudad ha ido cambiando, en el que los ciudadanos consideran que las prioridades son otras.
Es cierto que el texto del año 2001 sufrió muchas modificaciones puntuales, lo que obligó a aprobar un texto refundido el año 2008. También es cierto que desde ese año se produjeron muchas más modificaciones también puntuales, que se tradujeron en un nuevo texto refundido el año 2024. Pero es que desde entonces siguen produciéndose nuevas modificaciones; hasta casi 300 desde el año 2001. Demasiadas.
Pero por otra parte en los últimos años hemos visto cómo se producían operaciones como la del outlet de la carretera de Logroño, que ha sufrido 4 condenas consecutivas anulando las actuaciones municipales desde el año 2016. Cada vez que el Ayuntamiento ha intentado amparar jurídicamente las obras, lo ha hecho mal.
En estos momentos, una nueva modificación para legalizar las obras va a suponer que se pueda ampliar ese sector y otros en Zaragoza. Puede que vuelva a anularse de nuevo. Pero es que además la normativa urbanística prohíbe expresamente modificar el planeamiento para legalizar una situación.
Hace poco se planteó otra modificación para construir 470 viviendas en Vía Hispanidad, junto al “Pirulí” de Telefónica (que se construyó en un suelo cedido por el Ayuntamiento durante un período de 100 años) en la que el adjudicatario podía edificar casi como quisiera, tanto en superficie como en alturas, sin que el Ayuntamiento impusiera condiciones claras. Al haber más viviendas, se pretendía considerar como zona verde de cesión la plaza Eduardo Ibarra, que apenas tiene superficie verde.
También hace poco se permitió transformar locales comerciales en viviendas, pero la regulación era muy rígida (está en tramitación una modificación para flexibilizar las normas), por lo que la mayoría de las obras son sin licencia.
Últimamente se nos dice que en los terrenos junto a la estación se puede construir un edificio sin límite de alturas. Se trata de terrenos de una sociedad pública (Estado – Gobierno de Aragón – Ayuntamiento) en los que parece que las edificaciones pueden hacerse de manera que las operaciones sean sí o sí rentables. Mientras, el túnel de salida de la ciudad lleva 18 años sin acabar.
Y hace unos días hemos visto cómo las previsiones del Plan General vuelven a modificarse a la carta, de manera que junto a la Romareda, a cambio de 22 millones de euros, podrán levantarse 220 viviendas donde hasta ahora no se podía. Se cita un futuro convenio urbanístico que concretará las condiciones, que por lo tanto, podrán ser cambiantes.
Y finalmente, el Ayuntamiento ha tardado 25 años en darse cuenta de que las condiciones para edificar viviendas en los 14 barrios rurales no eran las adecuadas.
De las 18.000 posibles, solo se han edificado 42, que son municipales. Por ello, plantea una modificación del Plan General muy compleja, difícil de interpretar incluso para los técnicos habituados a las cuestiones urbanísticas, sin consensuar previamente con los alcaldes rurales y que introduce varias cuestiones que dejan a los promotores a merced del Ayuntamiento, creando inseguridad jurídica.
Todas estas cuestiones, entre otras, como la falta de locales comerciales en las últimas promociones (Valdespartera o Corredor Verde, entre otras), la falta de una política comercial clara que favorezca el comercio local, que es el que da vida a las calles, hacen pensar en una deriva preocupante del urbanismo de Zaragoza, un urbanismo sin adaptar a las necesidades actuales de la ciudad, muy diferentes de las que eran válidas el año 2001.
*Constancio Navarro, presidente de la Unión Vecinal
