Angélica Mazo, vicesecretaria general de UGT Servicios Públicos Aragón
Aragón afronta uno de los mayores desafíos demográficos de su historia, con una población envejecida y cerca de 50.000 personas atendidas en el sistema de dependencia a finales de 2025. A ello se suma la atención de cerca de 221.000 personas de atención en los centros de servicios sociales y unos dos mil menores al año.
La Dependencia y los servicios sociales se han convertido en un pilar indispensable del bienestar en nuestra Comunidad autónoma.
Sin embargo, este entramado asistencial descansa en gran medida sobre una externalización masiva. Las administraciones (Gobierno de Aragón a través del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, diputaciones y ayuntamientos) financian mayoritariamente con fondos públicos los servicios, que son gestionados por empresas privadas, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro.
Esta fórmula, pensada inicialmente para ganar eficiencia e inmediatez en la atención, ha derivado en una precariedad laboral crónica que compromete la calidad asistencial, la retención de talento y la propia sostenibilidad del modelo actual de gestión.
Los sectores más afectados: residencias de personas mayores de gestión privada; el Servicio de ayuda a domicilio y el de protección y reforma de menores; teleasistencia y trabajadores del ámbito de intervención social.
Todos estos ellos comparten rasgos comunes: bajos salarios iguales o muy cercanos al SMI, ratios de personal insuficientes, alto índice de contratos a tiempo parcial (especialmente en el servicio de Ayuda a Domicilio) y una elevada feminización, que soporta con su trabajo la cada vez mayor invisibilidad de los sectores laborales que representan los servicios sociales.
Las residencias de personas mayores son un importante motor económico. Aragón cuenta con unos 400 centros de gestión privada con alrededor de 20.000 plazas. Operan bajo gestión pública, privada y concertada, siendo las dos últimas las que disponen de mayor número de centros.
Es un sector que se ha convertido en “sinónimo de precariedad laboral”, donde la falta de personal, los bajos salarios y las altas cargas de trabajo se ha convertido en la “normalidad" de unas 15.000 trabajadoras de residencias en Aragón.
Una de las principales razones de precarización del sector son las ratios de personal. Con una normativa autonómica vigente desde 1992 con una ratio de 0,30 trabajadoras por cada 100 residentes (incluyendo todas las categorías y todos los turnos, y sustitución de vacaciones), se encuentra muy por debajo de las necesidades reales de atención.
Turnos extenuantes, pocos descansos y una elevada incidencia de enfermedades profesionales no reconocidas: lumbalgias, problemas musculoesqueléticos o el síndrome de burnout se han convertido en lo habitual, en las que es difícil encontrar a una trabajadora que no haya sufrido alguna de ellas.
El modelo actual genera fuga de profesionales cualificados hacia otros sectores y territorios con mejores condiciones laborales y salarios. Aragón es una de las pocas comunidades autónomas que no tiene un Convenio colectivo autonómico de residencias
El Servicio de ayuda a domicilio de Dependencia con el 96% de contratos a tiempo parcial en el sector, es uno de los más olvidados por las instituciones.
Atienden a personas con grado I y II de dependencia en su domicilio, pero pueden llegar a estar trabajando hasta 10 horas diarias de domicilio en domicilio, con espacios de tiempo entre ellos que les obliga a esperar en la calle hasta que llegan al siguiente, para acabar cobrando a final de mes 700 o con suerte 800 euros. Es decir, una precariedad estructural en el tiempo dedicado diariamente, la contratación parcial y la total feminización del sector, que impide la conciliación familiar.
El sector de protección y reforma de menores mantiene un alto riesgo de agresiones y riesgos psicosociales, con un bajo reconocimiento por las instituciones.
Los centros de protección y reforma atienden a más de 2.200 niños y adolescentes tutelados. Unos 600 profesionales trabajan en Aragón, donde los salarios no reflejan la cualificación ni la responsabilidad que asumen; educadores y trabajadores sociales, maestros de taller o psicólogos perciben retribuciones cercanas al mínimo del sector, con ratios de un educador por cada ocho o nueve menores y con ratios de turno de noche, donde se queda un educador solo.
Pese a las significativas movilizaciones del sector, por la precariedad laboral los avances han sido escasos y en estos momentos el diálogo con la Consejería de Bienestar Social es prácticamente inexistente.
La externalización de los servicios sociales en Aragón ha derivado en un sector laboral que es sinónimo de “precariedad”.
Las administraciones públicas no invierten en los servicios sociales, como un importante motor económico del que viven cientos de familias aragonesas que tienen derecho a tener unas condiciones laborales, que les permitan tener una familia y una vida digna.
Sin embargo, nos encontramos con situaciones en las que personas que trabajan en las áreas sociales, como base del pilar del bienestar social, son las que peores condiciones laborales tienen.
Las soluciones son sencillas: un compromiso político con los ciudadanos, nadie puede quedar atrás. Una financiación suficiente de los servicios sociales y el impulso de los Convenios colectivos autonómicos que se ajusten a las necesidades de nuestra comunidad autónoma.
Es sencillo mejorar los sectores más precarios, solo se necesita voluntad de hacerlo.
*Angélica Mazo, vicesecretaria general de UGT Servicios Públicos Aragón
