Juan Luis Díez, Dir.Gral de AirHorizont.
La ilusión de un nuevo futuro y la factura del tiempo
En la segunda mitad de los años setenta, los niños mirábamos la política con la inocencia de quien celebra un día sin colegio: nuestros padres iban a votar cada poco tiempo y aquello parecía una fiesta interminable.
Era la promesa de la libertad, la esperanza de un país que dejaba atrás una dictadura y anhelaba democracia.
Medio siglo después, aquella alegría se ha convertido en una factura pendiente: la Constitución del 78 —el gran pacto que evitó que España saltara por los aires— es también, por sus ambigüedades y concesiones, el marco que ha permitido una desintegración lenta e inexorable.
El pacto fundacional y sus concesiones: paz a cualquier precio
La Transición fue un ejercicio de equilibrio inverosímil.
La UCD de Adolfo Suárez y el Rey Juan Carlos I hicieron lo que pudieron en una coyuntura endiablada: partidos políticos que se aborrecían entre sí, presión de círculos militares que recelaban del avance democrático, terrorismo de ETA y GRAPO empeñado en dinamitar cualquier estabilidad, y una sociedad fatigada que reclamaba convivencia y libertades.
Había además un objetivo explícito: evitar la repetición de los errores del periodo 1931-1936, cuando la falta de consenso, el fraude electoral y la radicalización acabaron en una guerra civil devastadora.
La Constitución del 78 se diseñó para conjurar ese fantasma: integración y pacto frente a la fractura. Para lograrlo, se adoptaron, entre otras, dos decisiones estratégicas:
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Legalización e integración del Partido Comunista, como clave de bóveda para legitimar el sistema y evitar una ruptura social.
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Concesiones a los nacionalismos vasco y catalán, con sobrerrepresentación derivada de la fragmentación de circunscripciones, amplias competencias y una vía acelerada hacia la autonomía.
Aquello salvó la emergencia, pero sembró una fragilidad estructural: el Gobierno central, quedaría rehén de minorías territoriales y la aritmética parlamentaria pasó a importar más que el proyecto nacional.
Las llamadas “comunidades históricas” dejaron de ser Aragón o Castilla y León —germen de España hace seis siglos— para convertirse en las de la “nueva historia” del siglo XIX. Vía rápida para Cataluña y las Provincias Vascongadas; vía lenta para el resto.
Navarra, por su parte, mantuvo un régimen foral singular de 1841, -muy histórico todo-. El idioma común, el español, quedó degradado a “castellano” en la práctica educativa, igualándolo artificialmente con lenguas regionales de alcance incomparablemente menor.
Efectos no deseados: de la descentralización virtuosa a la desigualdad territorial
La Constitución quiso conjugar unidad y diversidad, pero la ambigüedad competencial derivó en hipertrofia autonómica: administraciones duplicadas, parlamentos regionales, privilegios asimétricos, financiaciones singulares y expansión de competencias que erosionó la igualdad ante la ley.
Las leyes posteriores —especialmente en la última década— han acelerado esa desigualdad.
El resultado:
- Dependencia permanente del Gobierno central de apoyos nacionalistas, a cambio de más concesiones -y dinero-.
- Normalización de la excepcionalidad, donde el reparto de poder sustituyó al proyecto compartido.
La política -los políticos-, dejó de preguntarse qué necesita España para centrarse en qué necesita cada actor para mantenerse.
Esta permanente dependencia de minorías genera vetos y mínimos comunes que equivalen a no hacer nada por el bien común, salvar las apariencias, en todo caso. Sin presupuestos estables ni pactos de Estado (pensiones, educación, productividad, demografía, vivienda, sanidad), prospera la métrica de la supervivencia, y cada autonomía hace la guerra por su cuenta y su cumplimiento de las leyes se relaja.
Cuando el Estado no ocupa su espacio, lo ocupan estructuras paralelas: partidos territoriales, redes clientelares y gobiernos autonómicos. ¿Alguien ha dicho corrupción?
El mito separatista: países imaginarios, la “teoría del salchichón” y la negación de España
A partir de los ochenta, los nacionalismos construyeron un relato propio: reescribieron su historia y la historia común, inventaron agravios, magnificaron diferencias y erigieron países imaginarios al nivel de Mordor o Zamunda. No se conformaron con exagerar: han llegado a negar la existencia histórica de España como nación, a la que, por supuesto, siempre han pertenecido.
La nomenclatura histórica desmiente esa negación: Colón bautizó “La Española” a la isla que hoy comparten Haití y República Dominicana, y en 1535 se creó el virreinato de “Nueva España” en América.
¿Cómo podría “no existir” lo que da nombre a territorios a miles de kilómetros y que Europa reconocía como potencia política?
Como han subrayado diversos historiadores:
- Joseph Pérez: “España no nació en 1978 ni en 1812; es el resultado de un proceso histórico que arranca en la Edad Media y se consolida en la Monarquía Hispánica del siglo XVI.”
- Claudio Sánchez Albornoz: “España existe desde hace siglos como realidad histórica, aunque su forma política haya variado. Negarlo es desconocer la historia y falsear la verdad.”
Además, este proceso ha seguido la “teoría del salchichón”: se empieza por una loncha —una competencia, un privilegio, una financiación singular— y se continúa cortando sin fin. Cada concesión no sacia, alimenta. El objetivo no es la autonomía, sino la independencia; el método, la fragmentación gradual.
Lo más grave no es la manipulación, sino la inacción del Estado: ningún gobierno central ha combatido con igual intensidad esa ficción, por miedo a incomodar a quienes aseguraban “estabilidad” a cambio de más autonomía. Educación, medios, leyes y administración, produjeron identidad contra España, fracturando el consenso mínimo.
En este contexto, determinadas políticas migratorias y de integración han priorizado agendas identitarias sobre la cohesión lingüística y cívica, generando segmentación social y debilitando aún más el proyecto común. Basta un paseo al atardecer por la otrora pujante Barcelona para comprobarlo.
La paradoja de la izquierda: del Estado fuerte a la España partida
Existe una “curiosa” singularidad española: PSOE y fuerzas comunistas han renunciado a su estatalismo centralizador para abrazar la fragmentación plurinacional. La izquierda que defendía el Estado fuerte hoy co‑gobierna su desmontaje, codo con codo con nacionalismos que aspiran a romperlo.
No por principios, sino por utilidad: mantener el poder exige pactos contra natura y narrativas justificativas que llaman “diversidad” o “progreso” a lo que disuelve la igualdad y desarma la soberanía nacional.
El PSOE ha evolucionado aceleradamente sus postulados para adaptarse a las circunstancias: de federalista ha pasado a plurinacional, es decir, confederal. A ello se suma el neo‑comunismo, orgulloso de una ideología que devastó el siglo XX y que se excusa con que “no se aplicó bien”, no como en Cuba o Venezuela, claro.
Hoy abrazan todos los “ismos” que sea necesario -más amables y vendibles que el comunismo-, incluido el independentismo.
Su influencia arrastra al socialismo hacia posiciones bolivarianas, sustituyen reforma institucional por agit‑prop identitario y polariza mientras debilita el Estado, empezando por el sistema democrático -al que detestan-, y siguiendo por la monarquía.
En paralelo, el Partido Popular, en sus años de gobierno, asumió postulados separatistas y socialistas sin derogar leyes que erosionaban la igualdad entre españoles, incluso con mayorías suficientes. PP y PSOE comparten responsabilidad: antepusieron su supervivencia al proyecto común.
Ante el probable cambio de ciclo, no obstante, el PSOE ya se prepara para seguir gobernando sin estar en el gobierno: ofrecer “pactos de Estado” al PP para que nada cambie, con otro dirigente y preferiblemente mujer, los medios afines ya están preparando el camino, afinen el oído.
La Corona ante la centrifugación del Estado
En un escenario de creciente fragmentación territorial, la Corona - institución diseñada y aceptada para simbolizar la unidad y continuidad del Estado - se encuentra en una posición delicada. La monarquía parlamentaria fue concebida como símbolo de unidad y continuidad.
Pero cuando el Estado se debilita, también lo hace la Corona. Si España avanza hacia un modelo confederal, el papel integrador del Rey se vacía: el poder se desplaza a gobiernos territoriales y la institución queda reducida a un ornamento.
Su supervivencia dependería del prestigio personal del monarca y de la voluntad de las comunidades de mantener un símbolo común, algo improbable en un escenario de centrifugación política.
La centrifugación del Estado arrastra inevitablemente a la institución que lo encarna.
Conclusión: de la erosión a la confederación de taifas
España no muere súbitamente, sino por una hemorragia lenta: ambigüedades constitucionales, concesiones acumuladas, relatos separatistas tolerados, paradojas ideológicas, tacticismo y políticas públicas que fragmentan. La Constitución del 78 fue escudo y grieta: nos dio libertad y democracia, y dejó una arquitectura que hoy se utiliza para desintegrar la nación que debía proteger.
Si nada cambia, parece inevitable que la unión de fuerzas comunistas, con las separatistas, el PSOE de Pedro Sánchez -o quien venga-, y la estulticia de los dirigentes del Partido Popular nos lleve hacia una confederación de 17 mini-estados, “unidos” por un Gobierno jibarizado a su mínima expresión.
Si no se recupera la defensa de la igualdad, España se convertirá en un mosaico de taifas sin proyecto común.
Bienvenidos a la Confederación de Repúblicas Españolas, Ibéricas.
Por Juan Luis Díez, Director General de Air Horizont y Piloto Comercial.
