Pepe Verón, profesor de Periodismo de la USJ
Arranca 2026 y, sin tiempo para digerir los últimos resultados, ya estamos en otro ciclo electoral. Tras las elecciones en Extremadura, vienen las de Aragón y, más adelante este año, las de Castilla y León y Andalucía.
La sensación es evidente: vivimos en campaña permanente. Pero es que la pugna política ha copado la actualidad hasta convertirla en un calendario sin descanso de urnas, sondeos y titulares. De convocatorias electorales que son y de las que podrían ser.
Esto tiene consecuencias claras. Por un lado, el cansancio: la conversación pública se percibe como un ruido constante, más pendiente de la próxima votación que de los problemas reales. Por otro, dificulta cualquier debate serio: cuando todo se mide por el impacto inmediato, no hay tiempo para reflexionar ni para buscar acuerdos.
La lógica del corto plazo manda, y con ella la tentación de inventar conflictos que desgasten al rival, aunque no sirvan para mejorar la vida de nadie.
La función de la política está en resolver lo común; la comunicación política, para explicarlo. Pero hoy el relato ha sustituido a la realidad y la estrategia ha ocupado el centro.
Los asesores y expertos en imagen han desplazado el interés general por la búsqueda de titulares y clics. Cuando lo que importa es generar atención, la tentación es clara: simplificar, exagerar y convertir todo en una batalla. Eso anima la conversación, sí, pero empobrece el debate.
La política se ha convertido en una serie con capítulos semanales; la ciudadanía necesita soluciones, no giros dramáticos.
Tomemos las infraestructuras y los servicios públicos. En lugar de hablar de cómo mejorar el mantenimiento, invertir o planificar, vemos reproches cada vez que hay una avería, una huelga o un colapso puntual.
El debate pasa del "qué hacemos" al "de quién es la culpa". El tono cambia, la realidad no: la estación sigue sin reformar, la lista de espera no se reduce.
Es la economía de la indignación: rinde a corto plazo, pero desgasta la confianza que necesitamos para arreglar las cosas.
Otro ejemplo es la inmigración. Se ha convertido en un problema que parece justificar casi todo, más como arma política que como tema para trabajar con rigor. Hablar de cupos, acuerdos con países de origen, vivienda asequible o reconocimiento de títulos es complejo y poco llamativo.
Señalar al "otro", en cambio, es rápido, emocional y rentable. El coste lo pagan los barrios donde faltan recursos, no los platós donde sobran discursos fáciles.
Y qué decir de la vivienda, quizá el mayor problema social. Aquí se mezclan muchas cosas: suelo, licencias, costes, salarios, crédito, alquiler, turismo… Sin embargo, el debate público premia la solución-eslogan: una cifra llamativa, una prohibición contundente, un plan con nombre atractivo.
La realidad es tozuda: sin medidas combinadas y a largo plazo, no hay solución. Y para ello es necesario el diálogo y el acuerdo con un propósito común: mejorar la vida de las personas.
No se trata de dar lecciones ni de cerrar el debate, sino de apelar a la responsabilidad. A la de quienes hacen política: trabajar con datos, fijar objetivos claros, acordar métodos aunque no haya consenso total, proteger espacios para el diálogo y usar un lenguaje que explique más que enfrente.
Pero los políticos y quienes les invitan a seguir el camino del clic no son los únicos responsables. También lo somos quienes consumimos política, pues no dudamos en asumir discursos sin pensar y nos dejamos arrastrar por titulares fáciles y por mensajes que apelan solo a la emoción.
Deberíamos pedir pruebas, premiar las propuestas que mezclan medidas y plazos, y recordar que un problema mal planteado es un problema mal resuelto.
Porque la política es tanto de quienes la ejercen como de los ciudadanos. Si la campaña es permanente, que también lo sea la exigencia de rigor.
Menos relato contra y más relato para: para arreglar un puente, para reducir una lista de espera, para que alquilar una casa no sea una odisea. La estrategia importa, sí; la vida de la gente, mucho más.
