Imágenes de turistas actuando de forma incívica en el edificio.

Imágenes de turistas actuando de forma incívica en el edificio. E.E Zaragoza

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Los apartamentos más polémicos del Actur ya no son turísticos: "No tienen permiso, pero se lo siguen saltando"

El Juez mantiene la clausura de la actividad en las 22 viviendas y le permite solo el uso residencial.

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Los polémicos apartamentos del barrio del Actur ya no son turísticos. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n.º 3 emitió, el pasado 27 de mayo, un auto firme en el que mantiene la prohibición de desarrollar la actividad y permite únicamente el uso residencial de las 22 viviendas de Adolfo Aznar número 5 y 17.

Así se señala en el orden del día de la gerencia de Urbanismo celebrada el pasado 30 de junio, donde se dio a conocer la resolución en la que, además, se ordena al Ayuntamiento a retirar los precintos instalados cuando el cierre de los apartamentos para sustituirlos por otros en los que figure, expresamente, que quedan clausurados para el uso turístico.

Eso sí, la empresa, Apartamentos 3000, no deberá pagar las costas del proceso, según se indica en el auto.

Parecería así que todo habría quedado ya, para los vecinos del bloque, en una pesadilla del pasado. Pero nada más lejos de la realidad, los residentes, que se encuentran todavía en conflictos judiciales con la empresa, aseguran que "pese a que no tienen permiso, de vez en cuando se las están saltando".

Momentos en los que, directamente, los vecinos aseguran que no tardan en avisar a la policía local "que levanta acta".

Un conflicto de hace más de tres años

Hace más de tres años que empezó esta lucha en los números 5 y 7 de la calle Adolfo Aznar, en el barrio del Actur. Fue entonces cuando un grupo inversor, que tiene gran parte de las viviendas de los edificios, cedió 22 inmuebles a Apartamentos 3000 (empresa de alquiler vacacional para su explotación turística).

Y los vecinos, tal y como declararon a este diario hace unos meses, se enteraron de todo este pastel "por la afluencia constante de gente que venía a los pisos".

Tras acumular ya varias malas experiencias, los residentes, ya desesperados, mandaron instancias a todos los organismos. "Nos dirigimos tanto al Gobierno de Aragón como al Ayuntamiento de Zaragoza diciendo que esto no cumple con el reglamento de la ordenación urbana", declaró una vecina.

Y, precisamente, el 19 de abril la gerencia de Urbanismo decretó la clausura de todas estas viviendas por carecer del título habilitante correcto. La empresa, según confirmó a este diario, recurrió la decisión por vía judicial, iniciando un procedimiento contra la administración municipal que, finalmente, no le ha servido de mucho.