Marian Orós, concejal de Políticas Sociales en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Marian Orós, concejal de Políticas Sociales en el Ayuntamiento de Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza

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Zaragoza prevé tramitar unos 4.500 informes de vulnerabilidad por la regularización extraordinaria

Orós ha vuelto a advertir que hasta 300 personas acogidas al sistema de protección internacional podrían acabar en situación de calle en la ciudad.

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El Ayuntamiento de Zaragoza calcula que se tramitarán unos 4.500 informes de vulnerabilidad en el proceso de regularización extraordinaria de personas inmigrantes.

Así lo ha estimado esta mañana la concejal de Políticas Sociales, Marián Orós, quien ha celebrado la gestión "eficaz y bien ordenada" del Gobierno municipal "desde el inicio del procedimiento".

Ha defendido así la apuesta que se llevó a cabo desde el Consistorio al apostar por centralizar la tramitación a través de la Casa de las Culturas, mediante un sistema de cita previa y aprovechando la información ya disponible en los servicios sociales municipales. Dice que, desde que se tomó esta medida, "todo ha ido fluido y no ha habido demasiados problemas".

Además, ha detallado que las citas están ya completas hasta la próxima semana y que, finalmente, serán unas 4.500 personas las que -calcula- solicitarán este informe de vulnerabilidad.

No obstante, Orós ha vuelto a mostrar, una vez más, su preocupación por la situación de las personas que actualmente están acogidas al sistema de protección internacional y que han sumado al proceso de regularización.

La edil ha asegurado que, tras mantener conversaciones con las entidades que gestionan estos programas, "algo más de 300 personas procedentes de países como Mali, Burkina Faso o Somalia se habrían acogido a esta regularización extraordinaria".

Una cifra que, advierte, podría suponer que "300 personas acaben en situación de calle" una vez obtengan la documentación derivada del proceso de regularización, ya que dejarán de estar cubiertas por los programas de protección internacional.

En este sentido, ha alertado de que, "si no se les garantiza una continuidad en los itinerarios de integración hasta acceder a un empleo y una vivienda, podrían quedar en una situación de extrema vulnerabilidad".

Por ello, confirma que el Ayuntamiento tiene previsto solicitar a la Delegación del Gobierno que el Ejecutivo central mantenga los procesos de integración para estas personas hasta que dispongan de un recurso habitacional estable y un empleo. Según Orós, de no hacerlo, el problema acabaría trasladándose a la administración local, "que actualmente está realizando un importante esfuerzo para atender a las personas migrantes que llegan en situaciones precarias".