El Gobierno de Aragón se persona como parte perjudicada en el 'caso Forestalia': "Es muy grave"

El Gobierno de Aragón se personará como parte perjudicada en el 'caso Forestalia' con la condición de acusación particular. Los servicios jurídicos del Ejecutivo de Jorge Azcón ya han trasladado la petición al Juzgado de Instrucción número 1 de Teruel para tener acceso a toda la información sobre la trama.

Esto permitirá, según ha explicado este viernes la vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero, ejercer las acciones "civiles o penales" que se consideren llegado el momento.

Los hechos, ha insistido, son "muy graves y preocupantes", de ahí este nuevo paso de la DGA.

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La también titular de Economía ha querido circunscribir el escándalo al Gobierno de Pedro Sánchez y los años del Ejecutivo socialista de Javier Lambán.

En estos días, ha reconocido, no han mantenido contactos con Forestalia, empresa que también está detrás del proyecto Búfalo, que supondrá una inversión de 12.000 millones de euros y la creación de miles de puestos de trabajo.

Tampoco ha habido señales de preocupación de empresas como CATL que tienen proyectos en común ni requerimientos por parte de la Justicia.

"Total credibilidad"

El Gobierno de Aragón da total credibilidad a las investigaciones y las noticias que se están conociendo estos días sobre el 'gigante' de las renovables. Es por ello que se ha presentado como parte perjudicada ante la previsión de que Aragón y los intereses de los aragoneses puedan verse perjudicados.

Lo que sí tienen claro es que en las próximas semanas se van a revisar todos los expedientes sospechosos para que no haya margen de duda, dando pie a la auditoría interna que se negaba hace apenas 48 horas.

Por el momento, la DGA no contempla la paralización de los proyectos del Grupo. Lo han pedido partidos políticos y asociaciones ecologistas, pero la postura del Pignatelli pasa por "respetar los tiempos de la Justicia".

Vaquero ha vuelto a insistir en que están a disposición de la Guardia Civil y los juzgados para facilitar cualquier tipo de información. También cree que todo lo que se está conociendo avala la necesidad de reabrir la comisión de investigación en las Cortes de Aragón.

La vicepresidenta en funciones ha incidido, por otra parte, en las ramificaciones del caso con el 'caso Koldo' y ha querido dejar claro que fue el Gobierno de Jorge Azcón el que denunció la "purga de funcionarios" en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) y tomó cartas en el asunto.

A este respecto, ha defendido que se han puesto "los mecanismos de control y seguridad" necesarios. Contestaba así a preguntas sobre el último informe de la Cámara de Cuentas, que alertaba de múltiples aspectos a mejorar.

"Estamos alineados con sus recomendaciones. La necesidad de reforzar los medios humanos y materiales se ha cumplido. Lo importante no es que el Inaga sea o no una dirección general, sino que trabaje con rigor y transparencia", subrayaba.

¿Y cómo está ahora la plantilla? Vaquero ha reconocido que las investigaciones han generado "tensión". Por ello, ha pedido dejar trabajar a los funcionarios, "auténticos profesionales" en la tramitación de expedientes.

"Es ese trabajo el que nos da confianza y seguridad de que las cosas se hagan bien; de que el Inaga no sea instrumento para favorecer o apoyar conductas corruptas", añadía.