El PSOE asegura que estará vigilante para evitar incumplimientos.
La precampaña se calienta en Aragón y obliga a intervenir a la Junta Electoral: los partidos se enfrentan a multas de 3.000€
La Ley Orgánica del Régimen Electoral General pone límites a los anuncios y las campañas que pueden hacer los partidos hasta el próximo 8 de febrero.
Más información: La Junta Electoral suspende un acto de Azcón tras las quejas del PSOE y Alegría anuncia dos nuevas denuncias.
La precampaña electoral ha empezado fuerte en Aragón. El PSOE de Pilar Alegría ha presentado una cascada de recursos contra Jorge Azcón y los actos convocados por su Gobierno y amenaza con denunciar cualquier mínimo incumplimiento ante la Junta Electoral.
En menos de 72 horas ha anunciado cuatro recursos, y en uno de ellos ya le han dado la razón. La Junta estimaba este miércoles las cautelares solicitadas por la secretaria de Organización, Manuela Berges, y suspendía el acto convocado por el Gobierno de Aragón en Arcosur, donde iba a presentar el proyecto del nuevo centro de salud.
En este caso, el Ejecutivo cumplió a medias. Al acto no fue Jorge Azcón como estaba previsto, pero sí el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero. La convocatoria siguió adelante transformada en un "acto municipal", algo que soliviantó a los socialistas, que acusaron a los populares de hacer "caso omiso" a la Junta Electoral.
En este 'primer aviso', el órgano se limitó a examinar la denuncia y acordar la suspensión del acto sin entrar en más valoraciones, pero en caso de reincidencia, las consecuencias podrían ser mayores.
Estos días, todos los partidos, sean del color que sean, tendrán que andarse con mil ojos. El mejor ejemplo se vio este martes en Borja. Su alcalde, el socialista Eduardo Arilla, tuvo que limitarse a dar únicamente la bienvenida a la presentación de las inversiones de Leapmotor en Aragón.
Y es que infringir la ley puede salir caro, con multas que parten de los 300 euros y pueden llegar hasta los 3.000 si se trata de autoridades o funcionarios y de entre 100 y 1.000 euros en el caso de particulares.
Lejos de amilanarse, la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero, aseguraba tras el Consejo de Gobierno que el Ejecutivo no iba a parar; que hay muchos proyectos en marcha y que las elecciones no iban a suponer un apagón informativo.
La titular de Economía insistía en que lo que se ha presentado desde la disolución de las Cortes han sido proyectos en los que se llevaba tiempo trabajando; nada de anuncios u ocurrencias de última hora.
Vaquero recalcaba que ruedas de prensa como la del Consejo de Gobierno no eran anuncios ni publicidad electoral sino "transparencia", algo que no termina de ver la oposición.
Llegados a este punto, la pregunta es casi obligada: ¿Qué se permite exactamente y qué no en periodo electoral?
La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (Loreg) dice que desde la convocatoria de elecciones hasta su celebración queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos "que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas".
Tampoco permite "inauguraciones de obras o servicios públicos o proyectos de estos" sea cual sea la denominación utilizada.
Para este jueves, Azcón no tiene ningún acto en agenda. Sí los tienen Roberto Bermúdez de Castro, que participará en la entrega de la Medalla de Aragón a la Guardia Civil por su intervención en la dana; Tomasa Hernández, que asistirá a la presentación del cartel del Vive Latino, o Mar Vaquero, que dará a conocer las alegaciones presentadas por el Gobierno de Aragón a la propuesta de planificación de la red de transporte de electricidad de Pedro Sánchez.
En ellos no se esperan grandes anuncios, por lo que ninguno debería traer problemas al Ejecutivo, pero el PSOE insiste: va a estar "muy vigilante" para que Azcón "no se exceda" en sus funciones durante todos los días que restan hasta el 8-F.
"Usa el gobierno de forma totalmente partidista", censuraba este miércoles el portavoz de la Ejecutiva de Pilar Alegría, Jesús Morales.
Publicidad Institucional
La ley también deja claros los límites de la publicidad institucional. En este caso son dos las normativas a tener en cuenta: la Ley 29/2005, de 29 de diciembre, que regula la Publicidad y la Comunicación Institucional, y la propia Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
La primera dice que durante el periodo comprendido entre la convocatoria electoral y la votación solo podrán hacerse "las campañas expresamente previstas" en relación con la información a los ciudadanos sobre la inscripción en las listas del censo electoral y las demás establecidas en el artículo 50.1 de la Loreg.
También están permitidas las que puedan resultar imprescindibles para la salvaguarda del interés público o para el correcto desenvolvimiento de los servicios públicos.
Entre estas últimas están las que versen o afecten a meras actividades ordinarias del sector público estatal que, en aras del interés general, no resulte oportuno paralizar durante el desarrollo de un proceso electoral.
Asimismo, podrán seguir adelante las que mantengan un claro contenido informativo, cuya suspensión cause perjuicios al interés general.
Entre las excepciones figuran, además, las que se realicen con periodicidad habitual y no especialmente con ocasión de unas elecciones y las referidas a la puesta en funcionamiento de obras públicas o de servicios públicos y de procedimientos administrativos, cuando su aplazamiento o suspensión supongan un perjuicio para el interés público.
Encuestas, sondeos y redes
La Ley no solo pone límites a los partidos. Publicar encuestas o sondeos fuera del periodo establecido también se castiga con sanciones de 3.000 a 30.000 euros.
Y en cuanto a las redes, las publicaciones deben cesar en la jornada de reflexión y el día de votación. En este caso, la multa puede ir de los 300 a los 3.000 euros.
