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La Justicia de Aragón alerta del aumento de la pobreza que sufren los menores en Aragón: "Es preocupante"
La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha presentado este miércoles el Informe anual sobre Infancia y Adolescencia de 2024.
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La Justicia de Aragón ha lanzado un mensaje de "preocupación" ante la realidad en la que viven cada vez más menores en la comunidad autónoma. Durante la presentación del Informe anual sobre Infancia y Adolescencia 2024 ha recalcado que 1 de cada 4 menores vive en situación de pobreza relativa.
A pesar de matizar que la tasa de pobreza relativa ha disminuido del 29,6% al 25,08% en el umbral de la pobreza en Aragón, otros indicadores señalan lo contrario.
Según la tasa AROPE, indicador que mide la proporción de población en riesgo de pobreza o exclusión social en un país o región y que combina tres factores (ingresos bajos, carencia material y social severa en relación a servicios básicos como vivienda, alimentos o transporte y baja intensidad laboral en el hogar) la pobreza ha aumentado ligeramente en nuestra Comunidad Autónoma, pasando del 20,23% al 20,77%.
Del mismo modo, ha subrayado un aumento de la población menor de edad que no es capaz su familia de afrontar un gasto imprevisto: "Con esto no nos referimos a unas vacaciones sino que no tienen los medios para proporcionar unas gafas de ver o visitas médicas como el odontólogo". En esta línea, se ha visto un incremento del 2% de familias que viven esta situación.
Al igual, la Justicia de Aragón ha recalcado la disminución de la población menor de 18 años en Aragón lo que lo ha relacionado con un incremento del envejecimiento y sobreenvejecimiento. Este año el número de menores ha vuelto a reducirse con 1.098 menos, así Aragón cuenta en la actualidad con 218.230 personas, representando el 16,1% de la población.
Gimeno también ha incidido en el reparto "desigual" de la presencia de menores en las provincias aragonesas con Zaragoza acogiendo el mayor número con 160.745, Huesca 36.408 y Teruel 21.077. Del mismo modo, en las Comarcas también se detectan desequilibrios territoriales. Siendo la Comarca Central y Hoya de Huesca las que sobresalen.
Por su parte, el Maestrazgo (387 menores), Sierra de Albarracín (468) y Campo de Belchite (368), que, al igual que en años previos, no superan los 500 menores de 18 años.
Respecto a estos datos, la Justicia de Aragón ha concluido que la desigualdad territorial "compromete el acceso equitativo a servicios públicos básicos, especialmente en el ámbito educativo, sanitario y social".
En esta misma línea, Concepción Gimeno ha querido destacar el aumento de la población extranjera menor de edad que ha pasado a representar el 16% dentro del grupo poblacional de extranjeros en Aragón.
La proporción de población extranjera es mayor en Teruel que en las otras dos provincias de Aragón. En Teruel, el grupo de población extranjera supone un 12,8% del total, y dentro del mismo, los menores de 18 años, representan el 17,5%.
Mayor número de quejas
Además de realizar un análisis poblacional, el Informe recoge un aumento de las cifras de quejas dentro del Área de Menores respecto al año anterior. Tan solo en 2024, se han iniciado 79 expedientes, dos más frente al año anterior. A pesar del breve incremento, la Justicia ha señalado que la cifra se mantiene, pero con un incremento "significativo" en los últimos 5 años.
De esta forma, ha recalcado que en su mayoría los motivos más habituales están relacionados con el sistema de Protección de Menores, las relaciones familiares y discapacidad.
Tal y como ha señalado Concepción Gimeno, las quejas llegan del propio núcleo familiar, en especial, "de los abuelos". Dentro de ellas, los conflictos se generan principalmente debido a impago de pensiones o los puntos de encuentro familiares y quejas hacia los profesionales de los procedimientos por dificultades para ponerse en contacto con ellos.
Entre otras quejas significativas recogidas, la Justicia de Aragón ha enumerado la escasez de pediatras, la necesidad de mejoras en equipamientos educativos, falta de personal especializado como auxiliares de Educación Especial, retrasos en el acceso a programas de Atención Temprana o la insuficiencia de profesionales en recursos residenciales de acogida.
