Alejandro Nolasco y Jorge Azcón antes de anunciar el acuerdo de Gobierno en Aragón EFE
La 'prioridad nacional' antes de los pactos de PP y Vox en Extremadura y Aragón: la lista de medidas donde ya se aplica
Algunas medidas, incluso aprobadas por gobiernos socialistas, exigen como requisitos el empadronamiento o residencia en España durante años.
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El concepto de ‘prioridad nacional’ ha abierto un profundo debate en todo el país sobre su aplicación concreta en el reparto de ayudas a los ciudadanos, sobre todo los más vulnerables.
Según el acuerdo firmado entre PP y Vox, el acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas tendrá como asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio.
Este sistema incluirá el establecimiento de un periodo mínimo reforzado de arraigo, empadronamiento y vinculación con el territorio, así como la exclusión de todos aquellos que se encuentren en situación irregular.
En estos momentos, ya existen diversas ayudas y prestaciones, algunas de ellas incluso aprobadas antes del Gobierno del PP de Jorge Azcón, en las que se tiene en cuenta un concepto similar, dejando fuera a personas que no lleven un tiempo determinado viviendo en el territorio.
Una de ellas es la Prestación Aragonesa Complementaria al Ingreso Mínimo Vital (PACIMV), que exige haber estado empadronados y tenido residencia efectiva en Aragón con, al menos, un año de antelación. Esta ayuda fue aprobada en 2021 por el Gobierno de Javier Lambán.
![Pilar Alegría, en el Congreso Regional del PSOE de Extremadura](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/04\/25\/actualidad\/1003744222222_262644534_1706x960.jpg"])
Lo mismo ocurre con otras dos ayudas vinculadas también al IMV, como el complemento económico para sus titulares y el de gastos de vivienda. Ambos exigen también llevar un año empadronados y residiendo en algún municipio de la Comunidad.
Del mismo modo, para las ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia de género, se exige la residencia efectiva en Aragón.
Además, a nivel nacional, la pensión no contributiva de jubilación demanda haber llevado 10 años de residencia legal en España entre los 16 años y la edad de devengo de la pensión, de los cuales 2 deberán ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud.
Lo mismo ocurre con la pensión no contributiva de incapacidad, que exige 5 años de residencia legal, de los que 2 deberán ser inmediatamente anteriores a la solicitud.
Mientras, en algunas becas también se recoge como uno de los requisitos la residencia en España. Ocurre con las ayudas para atención en centros para personas con discapacidad o para mayores, en las que es suficiente con el empadronamiento y residencia efectiva en el momento de presentación de la solicitud.
Asimismo, en las becas de guarderías, una bonificación de la tarifa a los usuarios del Ingreso Mínimo Vital, se demanda la residencia de forma continuada e ininterrumpida durante al menos 1 año, inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud.
El socialista Patxi López, pionero
De hecho, ese mismo criterio lleva años incorporado a las normas de comunidades de todos los colores políticos.
El portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, fue de los primeros en introducirlo cuando era lehendakari entre 2009 y 2012, elevando el listón del arraigo para acceder a las ayudas sociales del Gobierno vasco destinadas a personas vulnerables.
Con él al frente del Gobierno vasco, el requisito de empadronamiento pasó de un año a tres para la mayoría de los solicitantes de la Renta de Garantía de Ingresos, una prestación universal que pueden cobrar tanto españoles como extranjeros residentes en País Vasco sin ingresos suficientes.
