Aragón alerta del riesgo de "colapso" por la regularización masiva de inmigrantes y prepara ya recursos judiciales

Aragón ha alertado este martes del riesgo de "colapso" de los servicios públicos por la regularización masiva de inmigrantes aprobada en Consejo de Ministros.

La consejera de Bienestar Social en funciones, Carmen Susín, ha asegurado que los servicios jurídicos del Ejecutivo aragonés trabajan ya en preparar recursos. También ha anunciado que el PP impulsará acciones de carácter político para mostrar su rechazo.

"Nos opusimos, nos oponemos y nos opondremos al real decreto. Tal y como está articulado es un sinsentido", decía.

El problema, según Susín, es que ni siquiera se sabe cuántas personas se van a poder acoger a la regularización, ya que "desde el Gobierno se habla de medio millón, pero otras fuentes como el CNI elevan la cifra a 1,3 millones".

La titular de Bienestar Social teme la "importante repercusión" que puedan generar estos nuevos usuarios en los servicios públicos de la Comunidad, tanto en materia de sanidad como de educación.

La consejera en funciones ha ido más allá y ha remarcado que ni siquiera se va a saber si estas personas tienen antecedentes penales o juicios pendientes en sus países de origen.

"Es una absoluta inseguridad jurídica a la que también se somete a la sociedad española que, una vez más, se hace sin contar con el Parlamento, los partidos políticos y la representación de las comunidades autónomas, que somos quienes asumimos la gestión y la financiación de los servicios públicos básicos", agregaba.

Beltrán descarta un efecto llamada

El delegado del Gobierno en Aragón, Fernando Beltrán, también se ha referido a la regularización, pero para decir prácticamente todo lo contrario a lo declarado por la consejera Susín.

Esta tarde, el delegado mantendrá una videoconferencia con los ministros del ramo. En ella habrá una ronda de preguntas y respuestas para dar a conocer los detalles a todos los futuros beneficiarios de la medida.

"Va a ser un esfuerzo de la administración de poner a disposición una información lo más amplia posible, aunque luego habrá que ir viendo cada casuística a través de las oficinas de extranjería, del INSS y de las entidades colaboradoras. Se habló de 3 meses, pero habrá que ver cuánto durará la campaña", razonaba.

Según sus cálculos, se podrán acoger de 15.000 a 17.000 personas. Se trata de gente que "ya está trabajando con nosotros en nuestras residencias y faenas agrícolas". "Esto no puede producir de ninguna manera un efecto llamada porque se pide una estancia en el país desde finales del año pasado. Todas las regularizaciones masivas que ha habido en el país, al final, han sido beneficiosas para las arcas de la seguridad social y las huchas de las pensiones", defendía el delegado.

Prioridad nacional

También de inmigración, aunque de otro tipo, ha hablado la diputada Carmen Rouco, de Vox.

Ella se ha centrado en la llegada de trabajadores chinos al calor de las grandes inversiones anunciadas por el Gobierno de Jorge Azcón y ha vuelto a reivindicar la "prioridad nacional" para los jóvenes y las familias de Aragón.

Rouco ha cargado contra el "secretismo" y la "falta de transparencia" del Ejecutivo aragonés, al que ha pedido que se deje "de cuentos chinos" y "se baje de la ola" para afrontar de verdad el problema.

"Esto no es serio. Queremos que el consejero Octavio López diga cuántos chinos vienen, en qué plazos y dónde van a vivir. Dicen que son dinámicos, gestores de altura y profesionales, pero los supergestores parecen Pepe Gotera", insistía.