"Va a ser un verano caliente". Con estas palabras augura el secretario general del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM), Víctor Pedrera, la situación en la que quedarán los centros de salud ante el Plan de Vacaciones propuesto hoy por la Generalitat Valenciana (gobernada en funciones por el Botánico). "Ahora entendemos por qué se han esperado a enviárnoslo que pasase el 28M", añade Pedrera.

De hecho, el CESM ha tenido que amenazar con ir a los juzgados a la Conselleria de Sanidad que dirige el socialista Miguel Mínguez, para que les enviasen la planificación: la cantidad de sustitutos presupuestados por centro para este verano. Mientras que en comunidades vecinas como Murcia se dieron a conocer hace un mes.

Así, en el centro de Salud de San Blas se ha presupuestado 2 sustituciones para 17 facultativos de Medicina de Familia. En el centro de salud de Lo Morant, 3 para otros 17 médicos. En el de Los Ángeles, tan sólo una sustitución para 14 médicos de familia.

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O en Campoamor, otra para 17 médicos. Pero lo que es más grave, ni una sustitución para los 5 pediatras que trabajan en el centro de salud alicantino. En Ciudad Jardín son 4 sustituciones para 14 médicos en Benalúa 3 para 9 médicos y otra plaza de pediatra.

"Y eso sólo es un ejemplo de las palas presupuestadas para ofrecérselas a los posibles candidatos. Otra cosa es que puedan cubrirse ya que se ha hecho demasiado tarde y en las comunidades vecinas ya están cubriendo esos puestos", explica Pedrera.

Además, en las Urgencias Hospitalarias el panorama es mucho peor, como el del resto de las especialidades. "En algunos casos ya se están planificando 7 y 8 guardias al mes, lo que incumple todos los parámetros legales. Así que ya veremos qué es lo que pasa porque no nos vamos a quedar con los brazos cruzados", concluye Pedrera.

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Lo peor de estas cifras es que la situación no es nueva. Ya el año pasado, el primero de la era pospandemia la Comunidad Valenciana tuvo muchas dificultades para encontrar médicos que quisiesen trabajar eventualmente en las vacaciones. E incluso se pidió que se declarase zona de "difícil cobertura". Algo que se produjo más tarde, enero de este año. Y es que la Comunidad Valenciana es incapaz de retener en el sistema público valenciano a los médicos que terminan sus residencias.