Compromís no rebaja la presión sobre los socialistas valencianos en materia sanitaria, un departamento que dirige Ana Barceló (PSOE). Por eso, después de desautorizar en el seno del Consell los intentos socialistas de crear una empresa pública para la reversión de las concesiones, ahora le exigen reivindicaciones frente al Gobierno central de Pedro Sánchez.

Este lunes pasará por comisión de Sanidad en las Cortes Valencianas una proposición de ley promovida por Compromís en la que explícitamente afean a sus socios del Botánico la deuda de 340 millones de euros que debe el Gobierno a la Generalitat por la atención de desplazados de otras comunidades: FOGA (Fondo de Garantía Asistencial).

Desde Compromís recuerdan que esta deuda lleva impagada no sólo desde que Gobierna Pedro Sánchez, sino que procede año a año desde que en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy (PP) dejó de abonarla. 

El PP lleva año y medio sin recibir respuesta por parte del Consell acerca del montante total de la deuda del FOGA con la Comunidad, pese a que con todas las prórrogas el Gobierno valenciano está obligado a responder a las peticiones de la oposición en un plazo máximo de un mes.

La propuesta

Literalmente la propuesta original rezaba así: "Las Cortes Valencianas instan el Consejo a instar el gobierno de España a destinar un fondo sanitario especial para la Comunidad Valenciana, como autonomía que aumenta su presión asistencial fruto de desplazamientos de ciudadanía en verano".

Y continúa explicando que "para destinarlo al refuerzo de los equipos de personal de atención primaria en los centros de salud, a la compra de material
específico, cobertura farmacéutica y otras medidas para garantizar la correcta
atención sanitaria en la población y control de la pandemia de la COVID-19".

En una enmienda de su propia proposición, el pasado 29 de junio desde Compromís cambiaron el enunciado por: "[...]control de la pandemia de la COVID-19, tanto para la campaña de verano de 2021 como para compensar los gastos asociados del año 2020".

Los nacionalistas afirman en esta iniciativa parlamentaria que "el aumento de la presión asistencial obliga, todos los años, a la Conselleria de Sanidad a plantear planes especiales para atender a toda esta ciudadanía desplazada otras autonomías. Unos planos especiales que, en el verano de 2019, supusieron un gasto de más de 61 millones de euros".

No es la primera vez que desde el Consell se ha exigido al Gobierno español esos 300 millones de euros del FOGA, pero año tras año se incluyen en el presupuesto autonómico como ingreso sin que se produzca el pago. Pero fue antes de la pandemia de Covid-19 la última vez que los socialistas se lo pidieron públicamente a sus compañeros de partido en el Gobierno.