"No encuentro el chocolate", Pedro busca en su cocina su almuerzo, sin éxito. Tampoco puede tomar leche con su café porque el viernes 2 de septiembre, unos amigos de la familia se llevaron algunos electrodomésticos grandes como su nevera y su lavadora.
¿La razón? El hombre, que cumplirá 95 años el próximo 29 de diciembre, tenía fichada la fecha de su desahucio al lunes 5 de octubre. Su televisión está rota, por lo que a pesar de haberse hecho viral su caso y su actual repercusión mediática, "no me puedo ver en la tele".
En el número 7 de la Plaza de la Luna, junto a la céntrica Plaza de Neptuno de Benidorm, se encuentra la vivienda en la que el anciano ha residido los últimos 25 años. Cuando la familia recibió las llaves en el año 2002, el inmueble llevaba más de una década deshabitado y se encontraba en ruinas.
Fue el propio Pedro, profesional de la construcción durante "toda su vida", quien realizó con sus manos la reforma integral del piso, instalando el sistema eléctrico, las ventanas, renovó los suelos para acomodar el espacio donde viviría junto a su esposa y su hija Marisa.
La propiedad se adquirió "libre de cargas" tras vender una vivienda familiar previa situada en la calle Tomás de la misma localidad. La casa quedó entonces registrada a nombre de Marisa, quien residía allí junto a sus padres. El valor de tasación del piso es ahora de 155.000 euros.
Analía, hija de Pedro, enseñando dibujos hechos por su madre.
El interior de la casa desprende historia y recuerdos familiares mientras conviven dibujos de la mujer de Pedro con el desorden de objetos y enseres debido a la incertidumbre actual.
Préstamo cruzado y golpe de 2008
El origen del conflicto financiero se remonta a los años 2006-2007, cuando la familia solicitó un préstamo con una entidad financiera para financiar la compra de una finca rústica en Palma de Mallorca. Al tratarse de un terreno rústico, la entidad bancaria exigió garantías adicionales: inmovilizó un depósito a plazo fijo de 40.000 euros perteneciente a Pedro e incluyó la vivienda de Benidorm, al nombre de Marisa, como aval de la operación. Aval del cual Pedro y su otra hija Analia conocieron su existencia al fallecer Marisa.
Pero la estabilidad de la familia se desmoronó trágicamente en abril de 2008. Marisa comenzó a sentirse mal y fue ingresada para someterse a pruebas médicas; de inmediato, fue despedida de forma improcedente de su empleo en una residencia, según asegura su hermana Analia. Días después, el 15 de abril de 2008, falleció a los 49 años a causa de una biopsia tras un diagnóstico de cáncer de pulmón.
El salón de la casa, junto a la silla de ruedas que usa pedro para moverse.
El impacto devastó a la familia. Sin los ingresos de la hija fallecida, enfrentando el desempleo de otros miembros de la familia e imposibilitados para asumir los elevados costes notariales de aceptación de la herencia cargada con la deuda bancaria, la familia tuvo que recurrir a la beneficencia para poder costear el entierro de Marisa. "Tuvimos que pedir dinero prestado para poder enterrar a mi hermana, fueron unos meses muy muy duros", recuerda Analia.
Giro de guion
Para minorar la exigencia económica del banco la familia vendió la finca rústica de Mallorca a la mitad de su valor de mercado, mientras la entidad retenía el plazo fijo de 40.000 euros. Pese a que los ingresos familiares quedaron reducidos a pensiones no contributivas, Pedro y su familia intentaron pactar cuotas mensuales reducidas y acordes a sus posibilidades. Sin embargo, la entidad exigía mensualidades cercanas a los 1.000 euros: "Me era totalmente imposible pagar eso", asegura Pedro.
A partir de 2010, según la familia, el banco comenzó a rechazar sistemáticamente los ingresos que la familia intentaba realizar en ventanilla, buscando forzar la dación en pago y la entrega del piso. Ese mismo año se inició el procedimiento de embargo. "Cuando íbamos a la ventanilla a ingresar la cuota, directamente no nos dejaban", asegura Analía.
Tras el rescate bancario de 2012, otro banco adquirió la entidad por un euro y asumió la cartera de deudores, manteniendo la reclamación judicial sobre la vivienda. Años más tarde, la deuda fue traspasada al fondo de inversión Coral Homes S.L.
Marisa, hija de pedro, junto a su esposa.
Mientras, durante todo este proceso, Pedro vivió dedicado al cuidado de su esposa, que permaneció con movilidad reducida durante años hasta su fallecimiento en 2023, a los 95 años de edad.
"Fueron unos años de mucho dolor e incertidumbre", recuerda con una voz entrecortada mientras muestra una fotografía de su hija Marisa junto a su esposa.
Años de "pesadumbre"
La situación dio un giro definitivo en el verano de 2026. Según sostiene la familia, el fondo colocó a un empleado a modo de testaferro haciéndolo pasar por un comprador particular, esquivando así las protecciones legales y moratorias de desahucio que impiden a los fondos de inversión desalojar a personas en situación de vulnerabilidad.
El 22 de septiembre de 2026, Analía, la otra hija de Pedro y la que le apoya ahora con todo el proceso, viajó a Benidorm desde Madrid para ayudar a su padre con los trámites de la Ley de Dependencia. Al día siguiente, 23 de septiembre, la familia descubrió en el buzón una notificación del juzgado fechada el día anterior: "Me quedé sin respiración al ver que el desahucio de mi padre se iba a realizar el lunes 5 de octubre de 2026", asegura.
En ese momento arrancó una carrera contra el reloj. Según explica la familia, la abogada de oficio asignada hasta la fecha no había presentado escritos de apelación ni formalizado ante el juzgado los informes de vulnerabilidad social de Pedro. Por su parte, la respuesta inicial de los servicios sociales municipales se limitaban a proponer su traslado a una residencia de ancianos "en lista de espera", opción que Pedro rechazó de plano al encontrarse completamente lúcido y defender su derecho a permanecer en su casa: "Han sido años de mucha pesadumbre, yo lo único que quiero es tener el derecho a morirme en mi casa", sostiene.
Prórroga in extremis
Convencidos de que la orden del 5 de octubre se ejecutaría sin remedio, la familia vivió un fin de semana de angustia y desalojo preventivo. El viernes previo a la fecha fijada, con la ayuda de allegados, retiraron de la vivienda los electrodomésticos de mayor tamaño, como la lavadora y la nevera, para evitar perderlos en el lanzamiento.
El salvavidas llegó el mismo viernes 2 de octubre a las 18:30 horas. Gracias a la intermediación de plataformas por el derecho a la vivienda como el Sindicat de les Carolines, un nuevo letrado asumió el caso y presentó un requerimiento judicial de suspensión de urgencia. "Ha sido nuestro ángel de la guarda", asegura Analía.
Pedro, junto a los dibujos de su mujer colgados en la pared.
Así, el lunes 5 de octubre, el juzgado notificó la estimación del escrito y otorgó una prórroga de un mes para frenar el lanzamiento y permitir el desalojo ordenado de los enseres.
"La lucha empieza ahora"
La concesión de los 30 días de margen ha otorgado un respiro temporal a la familia, pero la batalla legal y social continúa. Ante la incertidumbre parlamentaria sobre la aprobación de los decretos de protección en materia de vivienda tras la convocatoria de elecciones generales, Pedro y su hija buscan visibilizar el caso.
A sus 95 años, en su silla de ruedas y arropado por el apoyo vecinal, Pedro se muestra categórico sobre el futuro de la casa que construyó con sus propias manos: Yo voy a seguir peleando. La lucha no acaba ahora. Estoy más fuerte que nunca, pero necesito toda la ayuda posible. Me quieren echar de mi casa".