La Fiscalía de Madrid solicita un total de 102 años de cárcel para 23 supuestos miembros de una red nacional que organizaba peleas de perros ilegales. Alicante es una de las ubicaciones en las que operaban este grupo que criaba a los animales administrándoles sustancias dopantes y otros fármacos perjudiciales para mejorar su rendimiento.

Según según el escrito de acusación al que ha tenido acceso Efe, la red operaba a nivel nacional, local y regional. En ese entramado se tenía constancia de grupos en Alicante, Murcia, Almería, Málaga, Madrid y Canarias. Como señalan, estos estaban "interconexionados" e incluso tenían ramificaciones a nivel internacional para participar en peleas fuera de España.

Los 23 acusados se sentarán en el banquillo de la Audiencia Provincial de Madrid en un macrojuicio que comenzará el 21 de febrero de 2022 y está previsto que se celebre durante 48 sesiones. El Ministerio Público pedirá en total 102 años de cárcel para los procesados por delitos de pertenencia a organización criminal, maltrato animal y omisión de obligación de perseguir delitos.

En su escrito de acusación señala que la red "organizaba, promovía y participaba" en peleas de perros para enriquecerse mediante las apuestas de "grandes cantidades de dinero" que incluso acordaban por escrito.

Cintas de correr

La organización criaba a perros potencialmente peligrosos a los que adiestraban para ser más agresivos. Para conseguirlo les proporcionaban sustancias dopantes como testosterona que mejoraban su condición muscular. A estos animales les hacían entrenar "hasta la extenuación", incluso utilizando cintas de correr.

Las peleas eran a muerte. Los que sobrevivían quedaban "gravemente heridos" y tenían que asumir un nuevo papel, el de esparrin. Mientras pudieran entrenar a los otros más jóvenes y fuertes les mantenían, cuando no, los mataban.

La fiscalía subraya que los miembros se repartían las funciones "de forma jerárquica". Un primer grupo organizaba "convenciones" y peleas privadas, otro criaba y entrenaba a los perros y una última división participaba y apostaba en los eventos.

La pista de Tenerife

La red criminal fue desmantelada por la Policía Nacional en 2017 mientras celebraban una pelea de perros en Güímar (Tenerife). En aquella operación detuvieron a ocho de los acusados y rescataron a 226 perros. La mayoría de estos ejemplares se encontraron en grave estado de salud, de los que 42 acabaron muriendo.

El resto de perros intervenidos fueron entregados en custodia a la asociación Salvando Ángeles sin Alas, para la que el Ministerio Público pide una cuantiosa indemnización a los procesados.

Entre los 23 acusados, la Fiscalía señala a los apodados Rafa y Profe como los líderes de la organización, para los que solicita cinco años y diez meses de prisión, y revela que uno de los miembros es veterinario.