El archivo de las diligencias emprendidas en mayo por la Fiscalía Anticorrupción de Alicante tras una denuncia del PP para averiguar si ha habido fraccionamiento de contratos en Elche, donde gobiernan PSOE y Compromís, no ha hecho más que acentuar el enfrentamiento entre gobierno y oposición. 

En un mandato municipal marcado por la crispación, el cruce de acusaciones y de insultos, sin obviar los desplantes, el cierre de la investigación emprendida por el Ministerio Público ha sido interpretado de manera opuesta por los diferentes actores políticos. 

Por un lado, el alcalde, el socialista Carlos González, ha comparecido este martes para "dejar dos cosas muy claras. La primera, que la denuncia era una mera maniobra política para desprestigiarnos y manchar nuestro buen nombre. Y la segunda, a la luz de su efímero recorrido y de su nulo éxito, que era una auténtica temeridad”.

Tras reiterar que "el archivo significa que somos un Gobierno recto y honorable”, ha acusado al principal partido de la oposición a "entregarse en cuerpo y alma a la estrategia de la crispación haciendo una oposición desleal". Por ello, González ha exigido al portavoz del PP, Pablo Ruz, "que se retracte, que rectifique y pida públicas disculpas por todas las injurias vertidas contra el Equipo de Gobierno a lo largo de los dos últimos meses. Le damos 24 horas”. 

Por su parte, la portavoz de Compromís, partido que no compareció en su día, al conocer la denuncia, junto al PSOE porque según supo este medio no fue avisada de la comparecencia a tiempo por parte de sus socios, ahora sí que ha querido hacer declaraciones.

Esther Díez entiende que “la Fiscalía ha corroborado lo que el PP sabía desde un principio, que la tramitación de las facturas no suponía ningún delito. Su interés era partidista. Pero lo realmente grave es que se haya cuestionado la honorabilidad de decenas de empresarios y empresarias a los que han acusado de delitos muy graves, y la imagen de la ciudad, por lo que esperamos disculpas públicas”.

Reacciones del PP

Por último, el PP, lejos de dar por cerrado el caso, ha insistido en los indicios delictivos del supuesto fraccionamiento de contratos. "Como ha puesto de manifiesto de forma clara y literal el fiscal en el decreto: 'En los casos analizados nos encontramos con adjudicaciones directas sin respetar la normativa que rige la contratación en materia administrativa y con fraccionamiento de contratos'", ha avanzado Ruz.

Pablo Ruz, en su comparecencia este martes.

“El fraccionamiento de los contratos trascendió de la mera irregularidad administrativa. La arbitrariedad es patente y la actuación conllevó la exclusión de los principios de transparencia, publicidad y libre concurrencia en la contratación pública”, asegura el también senador Ruz que ha declarado el fiscal.  “Con estas afirmaciones la fiscalía acredita las irregularidades que se están produciendo en el Ayuntamiento, tal y como nosotros venimos denunciando”

Ruz ha recalcado que “el fiscal ha acreditado que existe fraccionamiento de contratos, que existe vulneración de las normas contractuales, que ha existido adjudicaciones directas transgrediendo la ley ¿de qué se regodea el señor González?” ¿de que la fiscalía haya remitido a la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción la denuncia?", se pregunta. 

Porque el PP ha insistido en que el asunto de las facturas ha sido remitido a la Agencia Antifraude. "Están gestionando dinero público de todos los ilicitanos y el fiscal afirma que lo están haciendo de forma irregular vulnerando la propia ley. No entendemos la autocomplacencia de González", ha añadido el regidor popular.

Por último, el presidente del PP local ha recalcado que van a seguir realizando "la labor de fiscalización, y esa es la línea en la que vamos a continuar". Por ello, anuncia que acudirán "a todas las instancias y organismos que sean necesarios para velar por los derechos de los ilicitanos. Esto no termina aquí: ahora esperamos a las investigaciones de la Agencia Antifraude".

"González cree que el ayuntamiento es su cortijo, y así lo acreditan la arbitrariedad, falta de transparencia y la falta de libre concurrencia que aparecen en el decreto. Pero nosotros, como oposición y alternativa, seguiremos fiscalizando la acción de PSOE y Compromís para defender al ayuntamiento de Elche y a los ilicitanos”, ha concluido.