Elche podría estar próxima a enterrar el proyecto del Mercado Central, iniciado hace tres mandatos (2014) por el gobierno del Partido Popular y paralizado por PSOE y Compromís hasta la fecha.

El alcalde de Elche, Carlos González, acompañado de la concejal nacionalista Esther Díez, han dado a conocer este martes el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Comunitat Valenciana sobre el expediente de resolución del contrato del nuevo Mercado Central. 

Cabe recordar que fue al inicio de este mandato, en septiembre de 2020, cuando el bipartito de izquierdas anunció la rescisión del contrato que en su dio firmaría el consistorio con la empresa adjudicataria Aparcisa. González explicó que existían argumentos jurídicos, como un informe encargado a un despacho de abogados, que abogaban por no continuar con el proyecto al afectar el aparcamiento subterráneo del nuevo inmueble al Misteri d'Elx, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y a un refugio de la guerra civil. 

El dictamen

Ahora, el dictamen del CJC, el cual no es vinculante, establece, ha explicado el alcalde González, “con absoluta claridad y nitidez” que procede acordar la resolución del contrato. El regidor ha indicado que el dictamen ha sido remitido a los servicios jurídicos municipales para realizar un análisis en profundidad del mismo, no obstante, ha avanzado algunas de las cuestiones importantes que se recogen en el mismo, “argumentos contundentes y claros que vienen a dar la razón al Ayuntamiento en nuestra pretensión de rescindir el contrato del Mercado Central”.

El alcalde Carlos Gonzéz, entre Esther Díez y el también concejal Héctor Díez.

En primer lugar, González ha destacado que “las modificaciones que habría que realizar para compatibilizar la protección patrimonial con la ejecución del proyecto exceden con creces las previsiones máximas establecidas por la ley”. A este respecto, el primer edil ha añadido que el informe dice que la empresa no ha llegado a aportar ninguna justificación que pruebe que los cálculos municipales no son correctos.

En segundo lugar, el informe expone que “en modo alguno puede calificarse la decisión de resolver el contrato como una decisión discrecional, unilateral o injustificada, al traer causa de razones de interés público sobradamente contrastadas". El alcalde ha añadido que, "frente a lo que se ha dicho desde diversos sectores, es evidente que ha sido una decisión fundada absolutamente necesaria en defensa del interés público”.

Otro de los argumentos que pone sobre la mesa el dictamen es que “resulta acreditado que la continuidad de la ejecución del proyecto supone la posibilidad cierta de que se produciría una lesión grave al interés público", dice el documento. 

Para el alcalde, estos argumentos ponen de relieve que la decisión del Equipo de Gobierno de resolver el contrato del Mercado Central era una decisión “justificada, sobradamente argumentada y necesaria para proteger el Misteri y el Refugio de la Guerra Civil, lo cual, es un respaldo inequívoco a la decisión del Equipo de Gobierno de resolver un contrato que, tal y como dice el dictamen del órgano autonómico, era lesivo para el interés público y perjudicial para los intereses de nuestra ciudad”.

Indemnización

Al principio de su intervención, Carlos González ha avanzado que el CJC también ha determinado que la empresa adjudicataria tiene el derecho a recibir una indemnización del tres por ciento de la prestación dejada de realizar. Se trata de una cuestión en la que no ha querido ahondar el regidor socialista, a la espera de que los servicios jurídicos del consistorio lo estudien. 

El Partido Popular, en su día, cifró en 10 millones de euros la cuantía a la que podía acceder la indemnización en concepto de lucro cesante, una cifra que el principal partido de la oposición señaló que debería de hacer frente personalmente los concejales firmantes de la rescisión del contrato. 

Futuro

Ante este dictamen, el alcalde ha apuntado que ahora procede seguir adelante con el proceso administrativo de resolución definitiva del contrato del Mercado Central con el aval del Consell Juridic Consultiu. “Se trata de un aval jurídico que tiene una proyección política, porque da la razón a los argumentos del Ayuntamiento”.

Una vez que se rescinda el contrato en las próximas semanas, el Ayuntamiento tiene pensado convocar un concurso de ideas para elaborar un proyecto de revitalización comercial y de esparcimiento de la gran plaza resultante de la unión entre las actuales Plaza de la Fruta y Plaza de las Flores. "Son 5.600 m2 de superficie que la convertirán en la plaza más importante desde el punto de vista comercial y cultural", ha llegado a decir el alcalde.