Por cada metro cúbico que se amplíe el caudal que debe llevar el río Tajo a su paso por Aranjuez para poder trasvasar agua al Segura, se perderían casi 9.800 empleos y 524 millones al año en las tres provincias afectadas por el recorte del trasvase: Alicante, Murcia y Almería.

Así se desprende de un estudio presentado este miércoles en el Palacio de San Esteban de Murcia, sede de la presidencia regional, y que forma parte de la documentación que se ha incluido en el recurso que el Gobierno de esta comunidad autónoma ha presentado ante el Tribunal Supremo contra el decreto 35/2023, que modifica una docena de planes hidrológicos, entre ellos, el del Tajo, aumentando sus caudales ecológicos con el consiguiente recorte para el trasvase.

El catedrático de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante (UA) Joaquín Melgarejo ha desgranado en una rueda de prensa los principales datos de ese estudio, en el que han participado expertos de esa universidad y las de Alcalá de Henares y Miguel Hernández (UMH) de Elche, y del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), coordinados por el Instituto Euromediterráneo del Agua.

Melgarejo ha subrayado que los cálculos que se han realizado parten de las previsiones recogidas en el plan hidrológico del Segura, que cifra en una caída de 105 hectómetros cúbicos anuales el agua que se trasvasará desde el Tajo cuando se complete el aumento de los caudales ecológicos que se prevé en su plan de cuenca.

En concreto, para poder trasvasar agua, el Tajo debe ahora tener un mínimo de caudal de 6 metros cúbicos por segundo, que pasará a 7 metros cúbicos por segundo este 2023, a 8 en 2026 y a 8,65 metros por segundo en 2027.

En esas condiciones, el regadío recibiría anualmente unos 119 hectómetros cúbicos del Tajo cada año, frente a la media de 200 que ha venido recibiendo durante los 44 años de historia del trasvase, lo que, según Melgarejo, tendrá “repercusiones inmediatas”: la pérdida de un 15,6 por ciento de la superficie de regadío (unas 27.314 hectáreas) y la pérdida de valor patrimonial de 5,692 millones de euros anuales.

El incremento de los caudales ecológicos tendrá también un impacto directo en el abastecimiento, que dejará de recibir 27 hectómetros cúbicos del trasvase anualmente, lo que obligará a una subida de las tarifas por la mayor dependencia del agua desalada.

Según este informe, la subida será de 0,42 euros por metro cúbico, pasando de los 0,69 euros por metro cúbico actuales a los 1,04 euros, un 61 por ciento más.
El estudio recoge asimismo que cada hectómetro cúbico de agua que se deja de trasvasar tiene una potencial repercusión económica de 10,5 millones de euros anuales y una pérdida de 207 empleos en el conjunto de la cuenca del Segura.

El presidente murciano, Fernando López Miras, ha subrayado que estos datos justifican la presentación del recurso ante el Supremo y también la petición de medidas cautelares para impedir que se aumenten los caudales ecológicos del Tajo hasta que no haya una sentencia al respecto, evitando así “que se cause un perjuicio irreparable” a la Región de Murcia, Alicante y Almería.

El aumento del caudal del Tajo en Aranjuez, ha defendido, “no supone beneficio alguno para nadie, tampoco para el Tajo”, pero sí dejaría “millones de perjudicados” en el Levante, por lo que “no hay ningún interés superior para su aplicación inmediata”, que sí supondría, en cambio, “graves perjuicios”, de ahí la petición de suspensión cautelar.

Miras ha insistido en que el recurso de la Región de Murcia se basa en un exhaustivo análisis del decreto, que adolece, ha dicho, de “innumerables defectos técnicos” con la única finalidad de acabar con el trasvase, por lo que ha confiado en que la justicia recoja los argumentos presentados en el recurso, con una decena de anexos elaborados por diferentes expertos.

Según ha explicado, el recurso se ha elaborado de manera coordinada con los que han presentado la Diputación de Alicante, la Junta de Andalucía y el SCRATS, todos ellos con similares argumentos y en la misma línea.

Son recursos, ha dicho, que difieren del presentado por la Generalitat Valenciana, con el que el Gobierno murciano no está de acuerdo porque asume un primer incremento de los caudales ecológicos, hasta los 7 metros cúbicos por segundo, y, por tanto, un recorte del trasvase que la Región de Murcia considera inasumible.

Nueve ayuntamientos alicantinos

Los ayuntamientos de las localidades alicantinas de Elche, Orihuela, Guardamar, Dolores, San Fulgencio, Benferri, Rafal, San Miguel de Salinas y Los Montesinos se han personado de la mano del Consell en el recurso que la Abogacía de la Generalitat ha presentado ante el Tribunal Supremo para defender el Tajo-Segura y en el que se reclama la suspensión cautelar de los caudales ecológicos.

Fuentes de la Generalitat han explicado que son nueve los municipios alicantinos que han aprobado secundar el recurso presentado recientemente por el Consell ante el Tribunal Supremo contra aquellos aspectos considerados lesivos en el Real Decreto del Gobierno que regula las nuevas disposiciones que afectan al trasvase Tajo-Segura.

Así, estas fuentes han destacado que este martes se cerró el plazo para registrar los recursos, al tiempo que han resaltado que "los principales municipales afectados por la conducción secundan la acción de la Generalitat en defensa de los regantes alicantinos".

[Ximo Puig pedirá en el Supremo la suspensión cautelar del recorte del Gobierno al Tajo-Segura]

Estos ayuntamientos se han dirigido al alto tribunal siguiendo el recurso que presentó la Abogacía de la Generalitat, de tal manera que su reclamación jurídica se acumula y se sumará a la causa abierta en defensa del mantenimiento del acueducto Tajo-Segura.

En el recurso se solicita al Tribunal Supremo que dictamine la suspensión cautelar de los caudales ecológicos previsto a partir de 2026 por considerar que el incremento previsto está basado en una decisión arbitraria y carente de fundamentos técnicos.

La Generalitat Valenciana presentó el pasado miércoles 22 de marzo el recurso en defensa del trasvase Tajo-Segura ante el Tribunal Supremo, en el que solicitaba como medida cautelar la suspensión del escalonamiento de los caudales ecológicos previstos para 2026 y 2027 en el Tajo y que afectan a esta infraestructura.