A principios de mes, coincidiendo con el inicio del curso escolar, la Conselleria de Educación filtró que el 81% de los centros educativos habían respaldado el modelo de educación "por ámbitos" que fuerza a un profesor de matemáticas también a dar clases de tecnología y biología a la misma clase, o a una profesora de historia, a impartir el castellano y el valenciano.

Este modelo que se paralizó por los tribunales, extiende a la educación Secundaria un sistema propio de la Primaria, que un mismo docente compatibilice la tutoría con varias asignaturas. Frente al modelo tradicional de profesores especializados en sus asignaturas, que había funcionado desde hace décadas. 

Lo que llevó a la Comunidad Valenciana a adoptarlo fueron las dificultades de enseñanza cuando sobrevino la pandemia de Covid-19, con clases online. Pero el secretario autonómico Miquel Soler (PSPV-PSOE) ha sido su máximo defensor desde entonces. Sus argumentos, o así lo han vendido, es que ayuda a la transición del alumnado.

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Los sindicatos y asociaciones de profesores, sin embargo, piensan que se ha extendido ante la falta de profesores dentro del sistema público que se ha agravado por imposiciones normativas como la Ley de Plurilingüismo.

La propia consellera, Raquel Tamarit, aseguró a principios de mes que ha aumentado la plantilla de profesores en un 1 % con respecto al curso pasado. "Se trata de 78.659 docentes y creo que es significativo que hagamos balance porque son 14.839 más que antes de gobernar el Botánico". 

Los padres de los alumnos, aseguran que la razón ha sido bajar el nivel de la enseñanza para intentar igualar por abajo en vez de impartir clases especializadas para atajar el problema del fracaso y el abandono escolar y mejorar en las estadísticas Pisa. 

Los sindicatos

El representante del UGT, Javier González, asegura que la "imposición" de los ámbitos "ha tenido una contestación importante en el profesorado y nos hemos encontrado que se incluía de manera estable en el nuevo decreto de primero de ESO y en la Comunidad".

Y es que, añade "el decreto estatal que diseña cada currículum establece que esas formas de organizar se podía hacer voluntariamente" por lo que cuando salió el decreto "recogiendo el malestar del profesorado planteamos las medidas cautelares con algunas cuestiones".

"Esa obligatoriedad no se puede imponer. Deben ser los centros, dentro de su autonomía organizativa, los que se organicen. Eso ha obligado a los centros a decidir qué hacían el veintitantos de agosto y con las clases empezando el 12 de septiembre. Muy pocos centros han optado por modificarlo y han mantenido lo que ya tenían ya organizado como mal menor, y eso ha generado malestar en el profesorado", agrega el sindicalista.  

Por su parte, desde Docentes por la Libertad Lingüística, Arturo de la Torre, señala que sí se ha votado, "pero a la búlgara, a mano alzada ante el equipo directivo que había diseñado el curso y si decíamos que no estábamos sobrecargando de trabajo a nuestros compañeros y jefes para diseñar un nuevo curso".

Padres y madres

Sonia Terrero, la presidenta de la Confederación Valenciana de APAs-AMPAs (Covapa), asegura que faltan docentes en todos los centros educativos. En una media de 2 a 3 por centro, con lo que estamos hablando de cerca de un millar de profesores en los 360 institutos en la Comunidad Valenciana. "Y la Vega Baja alicantina es la que tiene peor ratio, como siembre", detalla Terrero.

Desde Covapa van más allá y acusan a la Conselleria de haber "coaccionado" a los profesores para que asuman el modelo de "ámbitos educativos o codoncencia". "Vamos de mal en peor, rebajamos la educación y el rendimiento de nuestros hijos para mejorar la estadísticas".

Y concluye que "mientras, los niños con necesidades especiales de educación no tienen profesores, han reducido las plazas en el sistema de transporte público subvencionado y han eliminado la posibilidad de que los menores de 3 años suban a los autobuses, por no hablar del adoctrinamiento sexual en las aulas que va a generar todo tipo de problemas". 

Por eso, este mismo otoño se convocará una gran manifestación en Valencia por la situación de la educación pública en la Comunidad, adelanta Terrero.