Ya no se podía circular por las calles. Pasaban las diez de la noche, la hora que a finales de marzo había impuesto el Gobierno de la Generalitat para limitar la movilidad. En una plaza de Benidorm una joven aún está en la calle. El vídeo de una vecina recoge cómo dos policías nacionales la detienen por infringir la norma. La violencia que aplican convierte las imágenes en material que corre por las redes sociales.

La actuación de los dos agentes fue juzgada y se abrió además un expediente disciplinario en aquel momento. Dos meses después, aquel juicio rápido sigue sin resolverse y tampoco se sabía la situación profesional de ambos. Hasta el momento.

Ese es el motivo por el que el senador de Compromís Carles Mulet ha preguntado al Gobierno sobre en qué punto se sitúan ambos trámites. Como recoge Efe, la respuesta oficial que ha recibido el político de Castellón es que el expediente disciplinado incoado "se encuentra actualmente en trámite".

Por partes. Como repasa la respuesta del Ejecutivo central a esta pregunta, la actuación de los agentes quedó recogida en un atestado policial. De ahí se remitió al Juzgado de Instrucción número 4 de Benidorm, el cual lo llevó sus salas el pasado 8 de abril.

Según detalla el texto que envía el Gobierno al senador, "se celebró juicio rápido por estos hechos, sin que hasta la fecha haya recaído sentencia". Mientras se espera que la justicia valore la actuación, queda otro frente abierto.

El régimen disciplinario

Los dos agentes fueron objeto de la apertura de un expediente con el que se pretende determinar si su actuación era "susceptible de sanción disciplinaria". Según indican este trámite se realiza para cumplir con la normativa interna de régimen disciplinario de la Policía Nacional.

A los dos meses de suceder los hechos, el mencionado expediente se encuentra "actualmente en trámite".

Como indica la ley orgánica que recoge este Régimen, los agentes de Benidorm se podrían enfrentar a una falta muy grave si así se determina. El texto recoge como supuestos para ello "el abuso de atribuciones que cause grave daño a los ciudadanos" y la "práctica de tratos inhumanos, degradantes, discriminatorios o vejatorios a los ciudadanos que se encuentren bajo custodia policial".

De momento, como subraya el Ejecutivo, queda por ver qué determina la justicia. Por eso "no emite opinión alguna relativa a las decisiones de los Tribunales ni de la Fiscalía por impedirlo el más escrupuloso respeto al principio de separación de poderes y a la independencia judicial, así como a la plena autonomía del Ministerio Fiscal, principio esencial en todo Estado democrático de Derecho".

Importancia del vídeo

Carles Mulet valora esta de forma, "en principio, satisfactoria". "Ante una actuación aparentemente desproporcionada se ha actuado y se está pendiente de sentencia", añade. Por ello considera "vital que existan imágenes y que haya difusión en medios y redes porque si no muchas veces se le resta credibilidad".

El senador reclama "actuar con contundencia" ante estas situaciones "porque casos aislados como estos minan la confianza y credibilidad ante el papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado". De ahí que añade que "al Gobierno no les debe temblar la mano ante estos casos puntuales, porque si no se genera un sensación de impunidad. Y es necesario que haya confianza en la proporcionalidad y buena actuación" de estas.