El pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado la suspensión de licencias de demolición de alrededor de un millar de edificios de la ciudad que se encuentran en tramitación de catalogación, para así garantizar su conservación hasta que la Generalitat dé el visto bueno definitivo al catálogo de protecciones aprobado por el pleno en septiembre de 2020.

La propuesta de suspensión de licencias, que cuenta con un periodo de dos años, ha salido adelante con 27 votos a favor: los emitidos por los concejales de PP, Cs, PSOE, Unides Podem EU y Compromís, mientras que los dos ediles de Vox se han decantado por la abstención, después de que su portavoz, Mario Ortolá, haya recordado que su partido fue el único que votó en contra de la aprobación del catálogo.

[La ciudad de Alicante suspende las licencias de sus edificios protegidos para evitar su demolición]

El edil de Urbanismo, Adrián Santos, ha defendido la iniciativa como mecanismo para garantizar la conservación de ese millar de inmuebles incluidos en el catálogo por su valor patrimonial, arquitectónico y cultural, después de que "las consultas tramitadas ante la Generalitat no hayan despejado dudas sobre la situación en la que quedan esos edificios" durante el tiempo en el que se demore la aprobación definitiva del documento.

El Ayuntamiento de Alicante ya acordó en 2015 una primera suspensión de licencias de dos años de duración con motivo de la tramitación de la primera versión del catálogo promovido por el extinto tripartito, que no llegó a aprobarse en 2017, al recabar el voto en contra de PP, Cs y dos ediles no adscritos.

El nuevo acuerdo, que sí ha contado con el aval de los grupos que conforman el eje progresista (PSOE, Unides Podem EU y Compromís), afectará a inmuebles que no disponen ya de condiciones de protección al quedar reconocidos como Bienes de Interés Cultural (BIC) o Bienes de Relevancia Local (BRL), entre los que se incluyen la Casa Alberola, el antiguo asilo de Benalúa o la Casa de las Brujas, entre otros.

Carrera profesional

Por otra parte, el pleno también ha aprobado de forma definitiva el reglamento que permite el desarrollo de la carrera profesional entre los funcionarios municipales, tras la presentación de alegaciones.

En este caso, el acuerdo ha prosperado por unanimidad, después de que el concejal de Recursos Humanos, José Ramón González, haya manifestado la firme voluntad municipal de llevar adelante el programa mediante "el impulso de un calendario para la reunión de las comisiones, fijar objetivos y evaluar el desempeño".

González ha recordado que "existe una partida presupuestaria de 205.386 euros habilitada por primera vez en los presupuestos municipales, que va a permitir continuar con la hoja de ruta marcada para iniciar la implantación de la carrera profesional y su abono".