El alcalde de Alicante, Luis Barcala (PP), ha rechazado frontalmente aplicar en el municipio la subida del 150% en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que contempla la nueva Ley del Gobierno para gravar los pisos vacíos. En un comunicado, Barcala ha afirmado que esta medida, contemplada en la normativa que prepara el Ejecutivo de PSOE y Podemos sobre el mercado de la vivienda, supone "un ataque sin precedentes a la propiedad privada, plantea inseguridad jurídica y afectará negativamente al mercado inmobiliario".
La regulación que se pretende aprobar establece la posibilidad de que los municipios, por medio de sus ayuntamientos, pueden cobrar a los propietarios de viviendas vacías hasta un 150% más en el recibo del IBI, con el objetivo de reducir el stock de inmuebles desocupados y movilizar estos pisos para su puesta en alquiler.
Para Barcala, la medida, "además de absurda, es contraproducente", por lo que ha anunciado que "el Ayuntamiento de Alicante no subirá los impuestos a los alicantinos". Barcala ha recordado que su equipo de Gobierno ha reducido un 5% el Impuesto de Bienes Inmuebles y ha introducido varias bonificaciones y deducciones en el IBI "para recortar la elevada factura fiscal que pagaban los alicantinos con el tripartito de izquierdas" que gobernó hasta 2018.
"Estamos convencidos -ha añadido el alcalde- de que la mejor manera de ayudar a las empresas y familias en esta coyuntura de crisis pasa por aliviar la carga fiscal que arrastran, y no por castigarlos con más impuestos".
En este sentido, el alcalde de Alicante ha querido dejar claro que si el Gobierno central obliga a los consistorios finalmente a aplicar "esta subida fiscal sin sentido, el Ayuntamiento estudiará todas los mecanismos legales a su disposición para que el impuestazo de PSOE y Podemos no penalice a los alicantinos".
"En nuestro ADN, y en nuestra forma de entender la política, las rebajas de impuestos son fundamentales, por lo que intentaremos seguir por esta vía y rechazar las recetas fracasadas y ancladas en la ideología y no en la racionalidad económica", ha agregado. "Estos inventos ya se han puesto en marcha anteriormente en algunas ciudades europeas, y siempre han terminado igual: con menos viviendas en alquiler y precios más caros".
Un "problema complejo"
El primer edil ha insistido en que "esta nueva ocurrencia del Gobierno central no va a ayudar a solventar un problema demasiado complejo, como es el acceso a la vivienda y los precios inmobiliarios". "Más bien todo lo contrario: se corre el riesgo de que la oferta de viviendas se aminore, por el miedo de los agentes económicos, grandes y pequeños, a invertir, por lo que habrá menos pisos en alquiler por la falta de seguridad jurídica, y los precios se elevarán. Justo lo contrario de lo que se persigue".
Según Barcala, "con subidas salvajes de impuestos y abrazando las políticas populistas, es difícil que se quiera invertir en un sector tan importante para España y para Alicante como es el inmobiliario". "Estas políticas demagógicas", ha concluido el alcalde, "ponen en riesgo la vitalidad de una actividad clave para la economía de Alicante, y no lo vamos a permitir".