"¿Quién responderá y compensará por el daño causado?". Esa es la pregunta que lanza el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, después de hacerse pública la sentencia del caso Brugal relativa al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. En ella el exalcalde Luis Díaz Alperi y el constructor Enrique Ortiz son condenados con una multa y la excaldesa Sonia Castedo es absuelta.

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El comunicado del partido, que recoge Efe, destaca el "máximo respeto a las decisiones judiciales" con relación a la resolución de la Audiencia Provincial. En este texto, Mazón también recuerda que con esta "ya van muchas veces".

Tras afirmar que se alegra por esta decisión, Mazón se pregunta "quién responderá y compensará por el daño causado, pero no solo a las personas, sino también al Partido Popular e, incluso, a la credibilidad de las instituciones". Sobre ello añade que "debe haber alguna reflexión seria sobre esto".

En este comunicado también se recogen las declaraciones del presidente del PP en la provincia de Alicante, Toni Pérez. Al igual que Mazón, expresa que el "Partido Popular respeta el fallo judicial". Y ahí agrega su deseo de que esta sea una convicción compartida por "no solo nosotros, sino que esperamos que todos respeten la decisión".

"El daño irreparable"

Una afirmación que lanza porque asegura que "sabemos que algunos no van a pedir perdón por lo dicho durante años". Y que con ello, "el daño, irreparable para personas y en gran medida para las instituciones, ya está hecho", lamenta Pérez.

Esta sentencia le sirve para recordar que "más de doscientos compañeros han visto cómo, tras ser vapuleados, los casos se han resuelto con su inocencia o quedado archivados. En un Estado de derecho, los juicios paralelos no deberían existir", concluye al respecto.

La sentencia

La Audiencia de Alicante ha condenado al pago de multas de 6.000 y 18.000 euros, respectivamente, al exalcalde de la capital de esta provincia del PP Luis Díaz Alperi y al empresario Enrique Ortiz como autores de un delito de cohecho. Una sentencia que se produce en el marco de la causa derivada del llamado caso Brugal relativa al diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.

La Sala, en cambio, les ha absuelto por falta de pruebas o prescripción de las infracciones penales, de los delitos de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, tráfico de influencias, prevaricación, revelación de secretos y aprovechamiento de información privilegiada. Una medida que ha afectado también a la exalcaldesa del PP Sonia Castedo y los otros seis acusados restantes.

La sentencia, que consta de 295 páginas y que ha sido notificada este miércoles a las partes, puede ser recurrida ahora en casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.