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La ONU cuestiona a España por la expropiación sin indemnización de 141.000 hectáreas en sus costas
La plataforma Somos Mediterrania prepara una ofensiva ante el Parlamento Europeo tras la publicación de un dictamen técnico de la ONU que censura los desalojos forzosos y la indefensión de los afectados.
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La política de gestión del litoral en España a través de su Ley de Costas (1988, pero pendiente de revisión a instancias del Senado) vuelve al debate internacional por la severidad con la que su marco normativo actúa sobre la propiedad privada. Un exhaustivo informe técnico elaborado por la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE) ha puesto de manifiesto profundas dudas sobre la compatibilidad del sistema costero español con los estándares europeos de protección de los derechos de propiedad.
Este señalamiento internacional no es nuevo. En 2009 la polémica aplicación de la Ley de Costas y los abusos urbanísticos en el litoral español desencadenaron un intenso choque con las instituciones comunitarias a través del denominado informe Auken. Aprobado por el Parlamento Europeo, el dictamen denunció con dureza la indefensión jurídica y la falta de indemnizaciones justas a las que se enfrentaban miles de propietarios europeos en la costa española.
El reciente informe de la UNECE que ha dado a conocer la asociación Somos Mediterrania reabre de lleno esa misma herida la misma semana en que el Tribunal Constitucional ha fallado en contra de la Ley de Costas valenciana dando la razón al Gobierno y contra el patrimonio histórico, cultural y etnológico en la Comunitat Valenciana. Lejos de haberse subsanado tras los avisos de la Unión Europea, el modelo confiscatorio y desproporcionado del Estado sobre la propiedad privada en la franja marítimo-terrestre ha persistido hasta consolidar una anomalía sistémica que vuelve a quedar bajo la lupa de los organismos internacionales.
El documento, aprobado en el marco de las sesiones del comité sobre administración de tierras en Ginebra, analiza las legislaciones sobre franjas de agua de 28 países del entorno comunitario y global, concluyendo que la praxis española representa un modelo singularmente lesivo para los titulares de terrenos costeros.
El núcleo de las advertencias vertidas por el organismo internacional reside en el mecanismo de deslinde contemplado en la Ley de Costas de 1988. A diferencia de lo que sucede en la abrumadora mayoría de las naciones desarrolladas examinadas, donde la incorporación de terrenos privados al dominio público se encauza a través de expropiaciones forzosas acompañadas de la correspondiente y justa indemnización a valor de mercado, el sistema español opera mediante la extinción directa del título de propiedad.
En su lugar, el Estado otorga una concesión administrativa de carácter temporal y precario, sin abonar compensación económica alguna a los legítimos propietarios, incluso en casos donde los inmuebles o parcelas contaban con inscripciones centenarias en el Registro de la Propiedad.
![Manifestación contra los deslindes del pasado sábado en Dénia.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10884699.jpg?p=w:1706\/h:960&h=mI5rYcoH"])
Las cifras analizadas en el informe reflejan la magnitud de este proceso de demanialización. Desde la entrada en vigor de la norma en 1988, la superficie declarada como dominio público marítimo-terrestre en el litoral español ha experimentado un crecimiento exponencial, pasando de las 13.560 hectáreas iniciales a superar las 155.000 hectáreas en la actualidad. Esta ampliación implica que alrededor de 141.440 hectáreas que anteriormente se encontraban en manos privadas han pasado a titularidad estatal a coste cero para las arcas públicas, según los datos recogidos en el dictamen internacional.
La investigación documenta asimismo el derribo de miles de edificaciones y el envío de órdenes de desalojo con plazos perentorios de apenas unos días, afectando de manera directa a pequeños propietarios y a poblados marineros tradicionales.
El dictamen técnico de la UNECE resulta especialmente crítico al contrastar el régimen español con las normativas de países vecinos. En Estados como Alemania, Finlandia, Dinamarca, Reino Unido o Portugal, las restricciones impuestas por motivos ambientales, de resiliencia o de defensa frente a inundaciones se compensan garantizando la valoración del patrimonio afectado, cubriendo costes de traslado e incluso permitiendo la revisión judicial efectiva de las decisiones administrativas.
![El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso, en una imagen de archivo.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/10989551.jpg?p=w:1706\/h:960&h=mf4GAeiV"])
España se alinea así con una interpretación demanial rígida en la que la redefinición física de la orilla por la acción del mar o los criterios gubernamentales anula automáticamente el derecho dominical sobre el terreno. A esta desposesión económica se suma una severa asimetría en el plano procesal y fiscal.
Además, el texto elaborado en Ginebra alude al peregrinaje judicial que deben afrontar los ciudadanos que intentan defender sus títulos ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en litigios que se prolongan durante décadas y que frecuentemente acaban en resoluciones desfavorables para los administrados.
Se da además la paradoja tributaria de que, hasta que la administración estatal formaliza la inscripción de la nueva titularidad pública en los libros registrales, los antiguos propietarios siguen estando legalmente obligados a asumir las deudas y la carga impositiva asociadas a bienes de los que ya han sido privados de facto.
Ante la contundencia de estas conclusiones, el movimiento cívico Somos Mediterrania y diversas asociaciones del litoral han anunciado la puesta en marcha de una ofensiva institucional que trasladará el informe de las Naciones Unidas ante las comisiones del Parlamento Europeo.
Los colectivos de afectados exigen la paralización inmediata de todos los expedientes de deslinde en tramitación, la suspensión de las órdenes de derribo pendientes y una profunda reforma legislativa que adecue la Ley de Costas española a las garantías constitucionales de seguridad jurídica e indemnización equitativa que rigen en el resto del continente europeo.
