En el tiempo de descuento de una legislatura que languidece tras el anuncio de disolución de las Cortes realizado por el presidente Pedro Sánchez, el conflicto del agua vuelve a tener un papel protagonista en la política nacional. No se trata esta vez únicamente del habitual intercambio de reproches ideológicos o del enquistado choque territorial entre la cuenca cedente y las tierras receptoras del Levante.
Esta vez, el estallido es físico, inmediato e ineludible: la arteria principal que abastece a Alicante, Murcia y Almería se halla gravemente averiada y fuera de servicio, amenazando con paralizar durante casi medio año el bombeo hídrico que sostiene la vida económica y agraria de cientos de miles de hectáreas.
Ante este panorama crítico, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado in extremis en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigidas al Gobierno central que no solo buscan fiscalizar el estado real de la infraestructura, sino desnudarse como una enmienda a la totalidad a la política hídrica ejecutada durante los últimos años por el Ministerio para la Transición Ecológica.
La espita que ha encendido esta última batalla parlamentaria es la confluencia de dos fallos estructurales consecutivos en el trasvase Tajo-Segura, localizados en las zonas de Liétor y Riansares. Las roturas detectadas en la conducción han forzado a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) a congelar el envío de agua, dejando en el aire cerca de noventa hectómetros cúbicos de agua comprometidos y pendientes de distribución, de los cuales sesenta y cinco estaban destinados a regadío y veinticinco a garantizar el suministro domiciliario.
Lo que en un primer momento fue calificado por las instancias oficiales como una mera incidencia técnica de resolución puntual se ha transformado, tras la revisión detallada de las fisuras, en una previsión de parón forzoso de cuatro a cinco meses. Esta dramática reestimación del calendario ha provocado una marejada de indignación entre los regantes alicantinos, murcianos y almerienses, agrupados en torno al sindicato (SCRATS) y a las instituciones provinciales y autonómicas (gestionadas por el PP), quienes exigen inmediatez en los trabajos de reparación y rechazan de pleno las tentativas de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) por amortiguar un impacto económico y agronómico que califican de catastrófico.
Las preguntas firmadas por los diputados del PP, encabezados por Joaquín Melgarejo y Macarena Montesinos, van directas a la flotación de la gestión ministerial. En el escrito registrado, exigen saber con precisión qué actuaciones concretas de inspección, conservación y mantenimiento preventivo se llevaron a cabo durante los últimos cinco años en los tramos afectados.
Así se desliza la sospecha de que la avería no es producto de una fatalidad imprevisible, sino de la indolencia administrativa y del abandono continuado de una obra estratégica que roza el medio siglo de servicio. La iniciativa parlamentaria busca sacar a la luz los informes técnicos reales que justifican pasar de una simple alarma a una congelación de casi medio año, al tiempo que cuestiona de manera incisiva por qué el Ministerio ocultó en las primeras horas la gravedad real de los daños a las comunidades autónomas receptoras y a las organizaciones de usuarios.
Solo unos días antes de que se confirmase el desastre técnico en el canal, el Tribunal Supremo (TS) propinaba el varapalo definitivo a las esperanzas del sector agrario levantino al rechazar el último recurso del SCRATS contra los nuevos caudales ecológicos en el Tajo. Con esta resolución, la vía jurídica quedaba totalmente agotada, ratificando la implantación de unos caudales mínimos más elevados que reducen sustancialmente los volúmenes trasvasables de manera irrecuperable.
Agotados los tribunales, los agricultores habían comenzado a replegarse hacia la batalla del respaldo social y la sensibilización de la opinión pública, solo para encontrarse de golpe con que la vía física del canal quedaba igualmente interceptada por el hormigón agrietado y las fugas de agua.
Para el regadío del Levante español, la coincidencia de las resoluciones judiciales con las averías físicas encaja como las piezas de un engranaje diseñado para acelerar la agonía del trasvase. Al parón forzado por los trabajos de reparación se suma la alternativa impuesta por la administración central: recurrir masivamente al agua desalada para cubrir las necesidades urgentes de abastecimiento y cultivo.
Esta solución no solo implica un consumo energético colosal en pleno debate sobre la sostenibilidad y los costes de la energía, sino que multiplica el precio final del recurso, asfixiando la rentabilidad de las explotaciones agrarias. Por ello, la ofensiva del PP también exige aclarar quién asumirá formalmente ese sobrecoste energético que de otro modo recaerá sobre el bolsillo del agricultor y de los contribuyentes levantinos, reclamando con urgencia un plan integral de modernización y seguridad de toda la infraestructura.
Con la disolución de las Cortes ya anunciada y las urnas en el horizonte próximo, el Tajo-Segura se consolida como uno de los grandes temas de lucha política del país en estas tres provincias españolas. "¿Va a elaborar el Gobierno, un plan integral de mantenimiento, modernización y seguridad del Acueducto Tajo-Segura que evite que una nueva avería vuelva a poner en riesgo el abastecimiento y la actividad agrícola del Sureste?", concluye la batería de preguntas. La respuesta, en la campaña electoral.