"Los que acaben de llegar, apuntaros en la lista". El reloj marca las 10 cuando una decena de personas se reúnen en la plaza Castellón, en pleno barrio de Carolinas de Alicante.
Lejos de ser una reunión casual o un encuentro entre amigos, los vecinos acuden con la esperanza de mejorar su situación económica mediante la solicitud de ayudas municipales, autonómicas y estatales.
"Todo empezó con el 15M, quisimos luchar contra las injusticias sociales y estar donde la burocracia no llega, o donde llega tarde", asegura Patchi, miembro de Marea Roja, la plataforma que ha creado junto a otros vecinos de Alicante como José Maria ("'Tintín' para los amigos"), Mercedes, Fernando y Enrique.
Patchi va llamando uno por uno a las personas apuntadas en la lista.
El trabajo diario la plataforma arranca cada miércoles a las 10 en la plaza Castellón en una dinámica de atención que desborda con frecuencia la capacidad de sus voluntarios. Un equipo que atiende semanalmente a unas 30 personas que buscan orientación ante la complejidad del sistema social.
Lejos de funcionar como una gestoría convencional, el colectivo aplica principios de apoyo mutuo e intenta que los propios usuarios aprendan a autogestionar sus trámites y procesos.
La supervivencia de la iniciativa depende exclusivamente del tiempo libre de sus voluntarios y de un bote simbólico que cada miércoles dejan en el suelo de la plaza para recolectar "algunas monedas" para financiar pequeños gastos como la impresión de papeles.
José María (Tintín), sujeta el formulario para solicitar el Ingreso Mínimo Vital.
El núcleo de la actividad asistencial, un 80% del total se concentra en la tramitación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta Valenciana de Inclusión, además de solicitudes de prestaciones para familias monoparentales, jubilaciones y otros recursos de emergencia.
"Aunque no tengamos muchos medios, logramos que el 70% de las solicitudes que tramitan sean finalmente aceptadas por la administración", asegura con orgullo Tintín.
"Esto es algo que tendría que hacer la administración, pero los Servicios Sociales no llegan o están colapsados. Cuando los trabajadores sociales no dan abasto, nos redirigen a la gente directamente a nosotros", añade Patchi.
La barrera invisible
El principal obstáculo que motiva la denegación de las ayudas sociales es la imposibilidad de obtener el empadronamiento municipal. Sin la inscripción en el padrón, las personas quedan excluidas de forma automática del sistema público de protección y se les impide solicitar ayudas de emergencia e incluso se dificulta la escolarización regular de los menores en su zona de residencia.
Pero hay quien ve oportunidades de negocio en las desgracias de los demás. En este sentido, los integrantes del colectivo denuncian la proliferación de un mercado negro de empadronamientos en Alicante, donde se llegan a cobrar desde 250 euros por registrar a una persona en una vivienda.
Asimismo, alertan sobre el aumento de contratos de alquiler que prohíben explícitamente el empadronamiento de los inquilinos a cambio de rentas ligeramente más bajas, una práctica que tachan de exclusión directa: "Algunas personas se ven sumergidas en un bucle sin saber cómo salir", asegura Tintín.
Racismo estructural
El perfil de las personas que acuden al punto de información refleja las dinámicas migratorias y la vulnerabilidad económica de la ciudad. Aproximadamente el 80% de los usuarios son de origen magrebí (fundamentalmente marroquí) y sudamericano, junto a un porcentaje menor de población española.
José Maria (Tintín), enseña la descripción del grupo de Whatsapp.
Los miembros del colectivo advierten sobre el repunte de actitudes xenófobas y critican los discursos políticos que abogan por la denominada "prioridad nacional" en la concesión de ayudas públicas.
"Llevamos ya 15 años en esto. Nacimos de la lucha de los desahucios y la calle, y cuando detectamos injusticias sociales nos involucramos para combatirlas, y así seguiremos", concluyen.