El motín de 15 presos que quisieron enfrentarse a los funcionarios en el centro penitenciario de Fontcalent el pasado sábado podría ser el último incidente con la actual desprotección legal en la que se encuentran los trabajadores por su inminente reconocimiento como agentes de la autoridad.
Este jueves, 11 de junio, es un día histórico para los funcionarios de prisiones al votarse en el Congreso de los Diputados la ratificación de esta modificación, que ya se aplicó a principios de año en las cárceles catalanas y que suponía un agravio comparativo para los trabajadores de Alicante y del resto de España.
Esta reivindicación histórica ha sido defendida durante más de dos décadas por los sindicatos, pero no fue hasta el asesinato de una cocinera en una cárcel de Tarragona en 2024 por parte de un preso cuando se aceleró el proceso, en parte por la gran presión que ejercieron funcionarios de todo el país con sus concentraciones, denunciando la gran inseguridad de las prisiones.
Uno de los sindicatos que ha denunciado la indefensión de los trabajadores ha sido Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM). Su delegado en Alicante, Marcos Luaces, sostiene que "no tenía ningún sentido que en Cataluña se aprobara esta condición y el resto de los funcionarios del Estado siguiéramos sin ser agentes de la autoridad".
Este agravio sirvió para "sacar nuestra reivindicación del cajón del Congreso, donde siempre quedaba en el olvido, pendiente de enmiendas en la Comisión de Interior y sin llegar nunca a votarse", añade.
La nueva normativa busca otorgarles presunción de veracidad, mayor protección penal con penas de hasta cuatro años por agresiones y el principio de indemnidad económica frente a reos insolventes.
Además de poner fin a una carencia que generaba situaciones "ilógicas", en las que, por ejemplo, los profesores de la Generalitat Valenciana que entraban a dar clase en las prisiones de Alicante tenían ese estatus y los funcionarios que velan por la seguridad de esas escuelas no lo tenían.
La urgencia de estas medidas se respalda en los datos, pues entre 2021 y 2025 las agresiones a funcionarios en su puesto de trabajo se han incrementado un 232 %, pasando de 159 a más de 500 agresiones anuales, según el sindicato.
Mayor protección legal
Luaces destaca que, "hasta ahora, si sufríamos una agresión y llegaba a los juzgados, no estaba claro bajo qué artículo se debía juzgar. Ahora será evidente que se trata de un atentado a la autoridad, despejando cualquier duda jurisprudencial y castigando a los autores con penas de hasta cuatro años de prisión".
Además, desde que se publique la modificación en el Boletín Oficial del Estado, se otorgará un valor probatorio reforzado a sus actas e informes. En la práctica, esto significa que, en los procedimientos disciplinarios, la palabra de los funcionarios tendrá presunción de veracidad.
La tercera pata de la reforma es el resarcimiento económico directo por parte de la Administración penitenciaria. "Hasta ahora, cuando un interno nos agredía y era condenado, solía declararse insolvente y no cobrábamos la responsabilidad civil. Con este principio, la Administración se hará cargo de indemnizar los daños y lesiones que suframos. Antes, teníamos que buscar fórmulas para que el juzgado declarase que la agresión ocurrió por falta de medios o de personal para, posteriormente, reclamar a la Administración en un proceso judicial", explica el delegado de TAMPM.
No obstante, y a pesar de esta victoria laboral, entre los profesionales reina una profunda desconfianza hacia la Administración por el protocolo de agresiones actual, al que acusan de "maquillar las estadísticas" al excluir la violencia verbal o sexual. Además, sostienen que estas investigaciones internas a menudo sirven para cuestionar la labor del trabajador en lugar de protegerlo frente al aumento de la violencia carcelaria.