Tres personas han sido detenidas en El Campello por ser los responsables de una sofisticada plantación de 300 plantas de marihuana en el interior de una vivienda. Los dos hombres y la mujer, de entre 34 y 61 años, controlaban la instalación que estaba completamente domotizada, con sistemas inteligentes y automáticos para su funcionamiento a distancia.

Ante la sospecha de la existencia de un posible cultivo a gran escala en un inmueble de la localidad campellera, la Guardia Civil, dentro de su plan Pain que lucha contra el tráfico de drogas, inició una investigación. Una vez realizadas las comprobaciones necesarias, el pasado 9 de noviembre, apoyados por la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC) de Torrevieja y la Unidad de Medios Aéreos de la Policía Local de Elche, realizaron el registro del domicilio.

En la entrada a la vivienda los agentes encontraron un sistema "sofisticado" y varios centenares de plantas de marihuana preparada para gestionarse de forma remota. Así como hallaron una bolsa con 625 gramos de cogollos de marihuana al vacío y perfectamente preparados para su traslado.

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Tras arrestar a los infractores, la Guardia Civil comprobó que "las conexiones necesarias para abastecer la plantación, se encontraban realizadas directamente en la torre, con el riesgo que conlleva para la seguridad de la instalación", informa el instituto armado.

El día 12 de noviembre, los tres detenidos, a los que se les imputan los delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y, a uno de ellos, el de falsedad documental, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción nº 4 de Alicante, quien decretó su ingreso en prisión provisional.

133 años de cárcel

Por otro lado, un ciudadano británico residente en Benidorm, de 27 años, ha sido condenado por la Audiencia de Alicante a penas que suman 133 años de cárcel como autor de varios delitos de distribución y producción de pornografía infantil, de ciberacoso, de corrupción de menores e, incluso, de abusos sexuales cometidos sobre menores que aparecían en algunos de esos vídeos.

La resolución judicial establece que el máximo de cumplimiento efectivo de la condena no superará el triple del tiempo que se imponga por la pena más grave, por lo que el máximo de privación de libertad en este caso queda fijado en 20 años.

La comisión de esos delitos se habría producido entre 2019 y 2020, cuando el acusado compartió en un foro de pornografía infantil diferentes imágenes de menores desnudos o realizando prácticas sexuales.