El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado, en su mayor parte, el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados del grupo popular en el Congreso de los Diputados contra diversos preceptos de la Ley 5/2021, de 5 de noviembre, de la Generalitat Valenciana, reguladora del Fondo de Cooperación Municipal de los Municipios. 

Se trata de una de las medidas más polémicas del anterior Gobierno Botánico de Ximo Puig (PSOE-Compromís-Podemos) que se llevó a ley para imponer que las diputaciones provinciales financiasen a los municipios con sus fondos propios.

Según explica el TC en su nota de prensa, "la sentencia, cuya ponente ha sido la magistrada María Luisa Balaguer Callejón, ha recordado la doctrina constitucional sobre (...) la autonomía local, (...), procede a reconocer (...) la constitucionalidad de la declaración de interés general de la Comunidad Valenciana de la función de asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica de las diputaciones provinciales a los municipios".

[El TSJCV da la razón a la Diputación de Mazón en su recurso al Fondo de Cooperación de Ximo Puig]

El PP se oponía a esta ley que "forzaba" sin negociar a detraer fondos provinciales para pagar una financiación que era competencia exclusiva de la Generalitat, porque atentaba contra la autonomía local. Y es que las diputaciones son administración local.

Según el Tribunal, “con esta obligación de contribuir a la dotación financiera del Fondo que se impone en la ley impugnada a las diputaciones provinciales no se estaría obligando a estas a hacer algo distinto de aquello a lo que están obligadas constitucional y legalmente".

"Lo que no quiere decir, -sin embargo afirma el TC- lógicamente, que la comunidad autónoma no disponga de límites a la hora de ejercitar esa facultad de coordinación; unos límites que se encuentran en la prohibición de privar, de manera sustancialmente relevante, a las entidades locales coordinadas (las diputaciones provinciales) de esa competencia propia y nuclear de asistencia y cooperación a los municipios de su ámbito territorial, hasta el punto de colocarlas en una posición de subordinación jerárquica o cuasi jerárquica, agotando así su propio ámbito de decisión".

[Carlos Mazón emplaza a Ximo Puig a pactar la financiación para evitar acabar en los tribunales]

En este sentido, el Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales y nulos los siguientes preceptos de la Ley valenciana el artículo 7, por vulneración del artículo 64.3 Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, que mandata a las Cortes para que mediante ley creen el Fondo de Cooperación Municipal “con los mismos criterios que el fondo estatal”, cosa que incumple aquel precepto.

Y también, el "inciso" según el cual "en aplicación del artículo 66 del Estatuto de autonomía de la Comunidad Valenciana del apartado 6 del artículo 5, que se refiere a la posibilidad de que el Consell requiera a la persona titular de la presidencia de la diputación de que se trate, cuando advierta que se han cometido infracciones, a que respeten las directrices autonómicas de coordinación, con indicación de las rectificaciones o subsanaciones que procedan"

El magistrado Ramón Sáez Valcárcel ha discrepado de la sentencia aprobada por el Pleno al considerar que con ella se desdibujan gravemente los estrictos límites que el bloque de la constitucionalidad impone a los poderes de coordinación en el marco del Estado descentralizado español.

También han anunciado voto particular los magistrados Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera y César Tolosa Tribiño, por entender que la regulación de la Ley 5/2021, en especial la de sus arts. 5 a 8, al imponer la participación forzosa de las diputaciones provinciales en un fondo autonómico, era contraria a la autonomía provincial constitucionalmente garantizada, ya que no se toma adecuadamente en consideración sus intereses.

Valoración del PSOE

El portavoz del Grupo Socialista de la Diputación de Alicante, Vicente Arques ha declarado que “con la desestimación del Tribunal Constitucional queda patente que el PP lo único que quería era llevarle la contra al gobierno socialista. Sin fundamentos, dejando a los municipios de la provincia de Alicante sin una ayuda fundamental. Le pedimos a Toni Pérez que cambie de actitud”.

Arques ha afirmado que “la guerra abierta del PP de Mazón contra el fondo de cooperación ha privado a los pueblos de la provincia de Alicante de 70 millones de euros. Que ahora el tribunal nos demuestra que fue por pura cabezonería”.

En este sentido, el portavoz también ha anunciado que “en el próximo pleno del día 3 de octubre el grupo socialista presentará una moción para que el PP se vuelva a retratar como un partido insolidario con los municipios que gestiona”.

Vicente Arques ha recordado que el gobierno valenciano ha estado cinco años invitando a la Diputación de Alicante a sumarse al Fondo de Cooperación permitiendo a la institución provincial aplicar sus propios criterios de reparto. Pese a ello, nunca se ha sumado.