Desde que el popular Carlos Mazón consiguió las llaves del Palau de la Generalitat, toda la oposición a su Gobierno -en coalición con Vox- se ha basado en los gestos, los símbolos y las polémicas generadas por los gobiernos de Ximo Puig. Frente a esta estrategia, el PPCV es consciente de que ahora "maneja los tiempos" y los debates. Por lo que tiene el firme propósito de entrar en el juego de la izquierda en asuntos como la "guerra entre valenciano y el catalán" alimentada en las redes sociales por los de Puig.

Desde el ejecutivo de Mazón parten de varias premisas. La primera, que el Estatuto de Autonomía es la ley máxima en la Comunidad tras la Constitución Española. Y que en su articulado recoge explícitamente la "identidad diferenciada como nacionalidad histórica".

También, que "la lengua propia de la Comunidad Valenciana es el valenciano. El idioma valenciano es el oficial en la Comunidad Valenciana, al igual que lo es el castellano, que es el idioma oficial del Estado. Todos tienen derecho a conocerlos y a usarlos y a recibir la enseñanza del, y en, idioma valenciano".

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Por esta razón, se afirma sin posibilidad de duda que "la Generalitat garantizará el uso normal y oficial de las dos lenguas, y adoptará las medidas necesarias para asegurar su conocimiento".

La segunda premisa es que se trata de un debate superado en el seno de la Comunidad Valenciana que solo sale a colación cuando sufre ataques desde fuera de la propia región, como es el caso del intento de asimilación por parte de los soberanistas catalanes o el uso de las lenguas en el Parlamento nacional o el Europeo.

La tercera premisa es que en materia educativa la efectividad en la formación de los alumnos y la libertad de elección de los padres deben conjugarse para que no se produzcan los conflictos sociales que ha generado la Ley de Plurilingüismo del Gobierno Botánico de Puig, que no se pudo desarrollar porque contravenía lo enunciado por la Constitución Española y la Ley de Usos, pese a que PSPV-PSOE y Compromís eludieron el recurso constitucional con el ascenso de Pedro Sánchez a la Moncloa.

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Y la cuarta premisa es que durante esta legislatura, el Gobierno de Mazón ha adquirido el compromiso con la ciudadanía de sacar adelante una Ley de Señas de Identidad de la Comunidad Valenciana, en la que estará integrada la lengua valenciana (que no catalana) como una de sus partes nucleares.

En enero de 2016, menos de un año después de la llegada de Puig al ejecutivo valenciano, el pleno de las Cortes Valencianas aprobó una proposición de ley presentada por Botánico (entonces con Podemos como convidado de piedra) por la que se derogaba la Ley de Señas de Identidad del Pueblo Valenciano aprobada por el último gobierno de Alberto Fabra (PP).

Este lunes, el propio Mazón se reunirá  lunes con la presidenta de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Verónica Cantó, a la que pedirá "gestos" para que todos los valencianos se sientan representados por la institución normativa y abrir una "nueva etapa" de "concordia", informaba este diario.