El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Alicante ha dictado una sentencia a favor de la demanda presentada por la sección sindical de la Confederación de Sindicatos de Empleados Públicos de La Vila Joiosa por la que da al ayuntamiento alicantino un plazo de seis meses para reconocer la carrera profesional de los trabajadores municipales.

Según ha explicado el sindicato, la federación sindical formuló una petición al Consistorio el pasado 24 de noviembre de 2022 pero ésta no fue atendida, por lo que la llevó el asunto a los tribunales interponiendo una demanda.

Finalmente, la reclamación de esta central sindical ha sido atendida y, en la sentencia, a la que EFE ha tenido acceso, el magistrado estima íntegramente el recurso interpuesto por FESEP frente a la desestimación, por silencio administrativo, de la solicitud formulada al Ayuntamiento en 2022, sobre el desarrollo de carrera profesional.

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Así, se reconoce "el derecho del demandante a que el consistorio vilero en el plazo de 6 meses inicie y apruebe las normas que regulen el sistema de desarrollo profesional con todas las consecuencias inherentes".

El secretario autonómico de FESEP, Francisco Ángel González, ha valorado positivamente la sentencia por cuanto que "va beneficiar a todos los trabajadores del consistorio vilero".

No obstante, ha rechazado al Ayuntamiento vilero su "silencio administrativo" para "no atender las reivindicaciones de los trabajadores", que es lo que "ha obligado al sindicato a acudir a los tribunales para que se reconozcan los derechos laborales". 

Contra el trasvase

Por otro lado, también este miércoles, el Ayuntamiento de Elche ha solicitado la suspensión del plazo de presentación del recurso contra el nuevo recorte del trasvase Tajo-Segura, al igual que lo ha hecho la Diputación de Alicante. De esta forma han pedido al Tribunal Supremo (TS) que la Administración General del Estado amplíe el expediente administrativo con más documentación a nivel técnico para formalizar la demanda. Una solicitud que se ha aceptado.

“Solicitamos que se suspenda el plazo porque queremos tener todos los informes técnicos para poder presentar una demanda con la que defender a nuestros regantes y agricultores como toca ante un nuevo hachazo del gobierno del señor Sánchez”, ha explicado el edil de Agua y Agricultura, Juan de Dios Navarro.

Esta petición de ampliar la documentación supone la suspensión del plazo de 20 días para presentar la demanda hasta que se complete toda la información requerida a la Administración General del Estado. “Desde el Ayuntamiento lo tenemos claro, no vamos a aceptar ni un solo ataque más a los agricultores y regantes de nuestra población”, ha añadido Navarro.

El pasado 27 de junio el alcalde Pablo Ruz ya anunció la creación de la Mesa Local por el Agua, donde estarán representados los regantes y agricultores, pero también todos los partidos políticos, ya que, tal y como aseguró el alcalde, “esta es una cuestión que afecta a todos y debemos de ir de la mano”.