La agenda institucional de Ximo Puig en los últimos seis meses había supuesto una evidente apuesta por reforzar la presencia del jefe Consell en Alicante: anuncios constantes, visitas institucionales y promesas electorales que pretendían plantar cara al PP es uno de sus feudos tradicionales. 

Desde la Vega Baja hasta Elche (su destino favorito), Puig había normalizado presencia en el sur, en un claro intento de contrarrestar el tirón que su rival, el popular Carlos Mazón, en su carrera a la Generalitat. Por eso contrasta tanto el silencio en el que se ha sumido la agenda institucional del presidente tras las elecciones del 28M, en las que el PSOE dejó de ser el partido más votado en la provincia.

Cierto es que, con los resultados en la mano, el PSOE no puede hablar exactamente de fracaso. La candidatura socialista autonómica consiguió el 28M un total de 236.883 votos, 5.221 más que hace cuatro años. Pero ese incremento resultó inútil ante la espectacular recuperación del PP, que, con 315.880 votos, mejoró un 20 % los resultados de 2019. 

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Desde entonces, el silencio. Ni siquiera las fiestas de Hogueras, las más importantes de la capital alicantina, han conseguido que Puig se plante en Alicante, salvo sorpresa de última hora. Ni un gesto que se entienda tampoco en clave preelectoral de cara a las elecciones generales. Todo lo que se hace es desde Valencia. 

Un territorio complicado para el PSOE

Puig ha tenido que lidiar con al menos tres crisis en el último año directamente relacionadas con Alicante, algunas directas y otras indirectas. Por un lado, el agravio del Gobierno central, que por segundo año consecutivo dejó al sur de la Comunidad Valenciana como la última provincia de España en inversión per cápita. De hecho, Alicante es el único territorio que no llegaba a los 100 euros por ciudadano en inversiones (se quedaba en 86), mientras que la consignación a Valencia y Castellón sí subía. 

El presidente valenciano se ha visto en la tesitura de defender que las cuentas aprobadas por el socialista Pedro Sánchez eran "buenas", como han trasladado algunos de sus diputados, mientras el empresariado alicantino convocaba dos concentraciones para quejarse del trato recibido. Resulta especialmente llamativo la falta de grandes inversiones en un territorio que no 

En segundo lugar, la guerra del agua se ha avivado desde que el Gobierno plantease un recorte del trasvase Tajo-Segura. La Generalitat trató de reaccionar con un recurso y pidiendo medidas cautelares en el Supremo, pero después de avalar en un primer momento las decisiones adoptadas en el Consejo Nacional del Agua. 

Esta postura ambigua ha sido difícil de entender para el campo alicantino, que sufre además una terrible sequía que amenaza con acabar con la totalidad de las cosechas. Y se ha visto reforzada por la falta de entendimiento (deliberado) entre la Generalitat Valenciana y otras autonomías como la Región de Murcia, que ha plantado batalla de forma activa a la decisión del Ejecutivo. 

Finalmente, el PSOE se ha abierto un frente importante con el sector turístico, al avalar con sus votos una tasa turística que contaba con el rechazo unánime de todo el sector. Pese a las advertencias de las consecuencias electorales que podría tener, los socialistas decidieron avalar este tributo, impulsado por Compromís y Unidas Podemos, sin contar con el consenso empresarial que había prometido. 

Esa dependencia de sus compañeros de viaje a la hora de gravar una industria fundamental para el PIB alicantino ha sido, junto con la alta fiscalidad a las empresas, otro revés para los socialistas en el sur de la Comunidad Valenciana.