La mayor parte de los máximos responsables del sector público autonómico no reúnen, de media, unos "requisitos mínimos de mérito y capacidad" para el cargo, según concluye un estudio realizado sobre 43 entidades de la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana que afirma que este es un problema "estructural".

En concreto, el estudio afirma que el 60 % de los máximos responsables de empresas públicas de estas dos comunidades, que manejan presupuestos medios de 184 millones de euros y tienen sueldos de hasta 220.000 euros anuales, "suspenden en mérito y capacidad para dirigir las entidades", "acceden al puesto por haber desarrollado una carrera política" y "la mayoría no pasarían el corte para un puesto similar en el sector privado".

Este trabajo, presentado este martes en Madrid, es obra de la Fundación Hay Derecho, una entidad independiente que realiza estudios sobre el funcionamiento de las instituciones, que en este caso se planteó averiguar si quiénes dirigen las empresas públicas que gestionan servicios claves como el agua, el transporte o las televisiones públicas están en el cargo por "mérito y capacidad" o "se trata de amiguismo e intercambio de favores políticos".

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Para ello han recopilado y analizado datos públicos de los máximos responsables durante la última década de 13 empresas públicas de la Comunidad de Madrid (gobernada por el PP en ese período) y 30 de la Comunidad Valenciana (gobernada por el PSOE, en coalición con Compromís y Unides Podem los últimos ocho años).

Las conclusiones de lo que han denominado el "Dedómetro", que avisan de que no entra a valorar "el mejor o peor desempeño" de los directivos sino su "idoneidad" para el cargo dada su formación y experiencia, señalan que "el sector público autonómico tiene un amplio margen de mejora, en la medida en que los máximos responsables de las 43 entidades no reúnen, de media, unos requisitos mínimos de mérito y capacidad".

Unos resultados que no presentan diferencias "significativas" entre ambas comunidades y que son similares a los que mostró el estudio que esta fundación realizó en 2020 respecto al sector público estatal en un periodo que abarcaba también gobiernos del PP y del PSOE.

Afirma asimismo que "los datos agregados no muestran una mejora significativa y consistente" de la situación a lo largo del tiempo, aunque "las entidades parecen estar escogiendo cada vez más a directivos más formados y con menores conexiones políticas", algo que el informe indica que "parece apuntar" a la existencia en distintos periodos de esos 10 años de coaliciones y gobiernos con apoyos externos, que "favorecen una mayor profesionalización de los directivos".

En materia de transparencia, la principal conclusión es que solo seis de las 43 entidades, el 14 %, cumple con todos los preceptos de la normativa de transparencia autonómica.

El informe señala varios casos concretos, entre ellos Madrid Activa, con "solo tres empleados, pero máximos responsables con mucha experiencia política y sueldos de 88.000 euros", o Aeropuerto de Castellón, con "un licenciado en Geografía e Historia y una empresaria sin experiencia en aeropuertos para gestionar y limpiar la imagen del que fue uno de los mayores ejemplos de corrupción".

También presenta dos entidades que merecen ser destacadas por sus buenas prácticas: las agencias valencianas de la Innovación y de Prevención y Lucha contra el Fraude, que obtienen una puntuación "adecuada" en el indicador de mérito y capacidad y la "máxima" nota en transparencia.

Entre las recomendaciones del informe figura "establecer procesos de selección transparentes, abiertos, competitivos y meritocráticos para la selección de los directivos".