La convocatoria de elecciones generales anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras la debacle de la izquierda el 28M en plazas importantes como la Comunidad Valenciana ha abierto un nuevo interrogante con poco margen de decisión. En menos de dos meses más de 1,2 millones de alicantinos estarán llamados de nuevo a depositar su voto en las urnas, con un escenario claramente favorable al centroderecha tras los resultados del pasado domingo. 

Sabemos que Alicante ha sido clave en la victoria de Carlos Mazón en las autonómicas, al doblar el número de diputados electos (de siete a 15) pese a que los socialistas llegaron a mejorar en uno su resultado de 2019. Cierto es que la condición de Mazón como alicantino y presidente de la Diputación ha jugado a su favor, pero también ha habido un contexto desfavorable para el PSOE con grandes debates a nivel nacional que de forma sistemática perjudicaban a la provincia. 

En este sentido, el sur de la Comunidad Valenciana se adivina así como un territorio clave para entender qué va a pasar el próximo 23J, aunque podemos adivinar con claridad cuáles van a ser los temas que van a marcar desde ya la inminente campaña electoral. En la provincia de Alicante se juegan 12 diputados. 

El problema de la infrafinanciación

Alicante se ha convertido en los últimos años en la quinta provincia de España por población (1,9 millones de habitantes) y por aportación al Producto Interior Bruto (PIB), por encima de la Región de Murcia o zonas con las que compite directamente como Málaga. Sin embargo, ese peso económico no solo no ha tenido reflejo en los Presupuestos Generales del Estado, sino todo lo contrario: durante los dos últimos años el Gobierno ha dejado a Alicante a la cola de la inversión per cápita del Estado, con menos de 100 euros por habitante.

Es más: aunque el Ejecutivo lleva años aumentando la consignación a la Comunidad Valenciana, pero ese incremento lo capitalizan Valencia y Castellón mientras se relega a Alicante. Eso ha creado un relato de "doble infrafinanciación" en la provincia totalmente ajustado a la realidad. Por un lado, el Estado no da al territorio lo que le corresponde; por otro, existe un claro problema con la financiación de los municipios turísticos como Benidorm, cuya población censada paga con sus impuestos unos servicios para un número mucho más elevado de habitantes.

Estos problemas, lejos de ser puntuales, se han enquistado y suponen ya un agravio sistemático a la provincia de Alicante, que además ha cristalizado en un déficit de infraestructuras histórico como la ausencia de un tren directo al aeropuerto de El Altet (quinto de España) o el retraso en las obras del parque central de la capital y el soterramiento del AVE. 

La guerra del agua

Ha sido uno de los grandes temas de las autonómicas: la aprobación por parte del Gobierno de un aumento de caudales en el trasvase del Tajo-Segura que ha puesto en pie de guerra a la huerta de Alicante, Murcia y Almería. La cautela con la que el Gobierno de Ximo Puig abordó este asunto en un primer momento (votando incluso a favor en la Mesa del Agua) no contribuyó a darle una imagen de fortaleza frente a lo que se percibe como un nuevo agravio del Gobierno para con los agricultores de la provincia, muy especialmente los del sur. 

Alberto Núñez Feijóo y el candidato del PP en la ciudad de Alicante, Luis Barcala, la semana pasada. EFE

Esta situación ha ido aumentando de intensidad conforme avanzaba la sequía, hasta el punto de que el Gobierno valenciano tuvo que cambiar el paso en la estrategia y presentar batalla en los tribunales. El recurso que presentó en el Supremo solicitando la suspensión cautelar de los caudales fracasó en primera instancia, lo que sirvió a la Diputación de Alicante para criticar el posicionamiento individualista de la Administración autonómica.

Al final, sin embargo, lo que importa es que este recorte en el agua se produce desde Moncloa y atendiendo a lo que parecen ser criterios políticos que no tienen en cuenta la voluntad de la autonomía, tal como se desprende del recurso presentado por la propia Generalitat. Un arma de doble filo que no ha funcionado electoralmente a Puig en Alicante, y que ahora se le volverá en contra en la campaña de las generales. 

El condicionante económico del turismo 

Alicante es una provincia que vive fundamentalmente del sector servicios, y donde el turismo es el principal motor del PIB. Y el Gobierno de España ha tomado decisiones en los últimos años que han provocado el rechazo empresarial casi unánime de esta industria, como un reparto desigual de los fondos turísticos Next Generation, algunos de los cuales "se han destinado a cosas que nada tienen que ver con el turismo", según el presidente de la patronal Hosbec, Fede Fuster. 

En el caso de los hoteles, el Imserso ha tenido que ser rescatado por la Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante ante la negativa del Ministerio de Derechos Sociales a actualizar los precios pese a la inflación. También se han negado de manera sistemática a mantener una reunión con los empresarios para estudiar alternativas para hacer viable el programa. En el apartado de Leyes, se ha pedido al Ministerio de Interior que se derogue el decreto que obliga al alojamiento a dar a la Policía a dar decenas de datos de los clientes, algo que se considera "inviable". 

Otro tema que afecta al turismo tiene que ver más con los socios de Gobierno que con el propio Pedro Sánchez. La patronal considera que se está instalando un relato de "turismofobia" en algunos partidos que acompañan al PSOE, y les culpan de que se esté instalando una percepción social negativa de esta industria en determinados ámbitos. Este punto, de hecho, ha sido clave en las autonómicas, a raíz de la aprobación de una tasa turística en la Comunidad Valenciana.