El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón interrogará por exhorto (oficio que un juez o tribunal dirige a otro, recabando auxilio para realizar una diligencia procesal fuera del ámbito de su jurisdicción) a las exdirigentes etarras Soledad Iparraguirre (alias Anboto) y Ainhoa Mugica (Olga) en relación al atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Santa Pola (Alicante), el 4 de agosto de 2002, en el que murieron un hombre y una niña de 6 años, Silvia Martínez, hija de un agente.

El magistrado ha decidido remitir a los juzgados de Vitoria, al estar ambas en la prisión de Zaballa, el interrogatorio que tenía previsto hacerles este viernes, tras haber tenido que suspender la comparecencia por problemas técnicos con la videoconferencia, han informado a EFE fuentes jurídicas.

El juez reabrió el pasado año esta causa al admitir una querella de la asociación de víctimas Dignidad y Justicia y se dirige contra otros cuatro integrantes de la cúpula de ETA cuando ocurrieron los hechos: Juan Antonio Olarra Guridi; Félix Ignacio Esparza Luri y Mikel Albisu Iriarte, Mikel Antza, pareja sentimental de Anboto.

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El juez acordó la imputación de estos seis jefes de ETA en base a un informe de la Guardia Civil, adelantado por EL ESPAÑOL, que confirma la participación en el atentado terrorista de los dirigentes etarras como responsables del "aparato militar" en el momento de los hechos.

Los autores materiales de ese atentado fueron Óscar Celarain Ortiz y Andoni Otegi Eraso, juzgados y condenados por la Audiencia Nacional en 2012.

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El atentado fue reivindicado por ETA en un comunicado en el que advertía que las sedes de la Guardia Civil seguían siendo "objetivos militares" y reiteraba el aviso de que "no metiese a sus familias en los cuarteles".

Criticaba además el proceso de ilegalización de Batasuna, que según la organización terrorista había sido puesto en marcha "por PP y PSOE tras el atentado contra el acuartelamiento de Santa Pola", cuando en realidad ese proceso "ya se encontraba en marcha", observa el informe.

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De hecho, la Guardia Civil considera "bastante probable" que fuese "todo lo contrario", que el atentado hubiese sido decidido por la cúpula de ETA "como medida de presión para tratar de contrarrestar el proceso para ilegalizar Batasuna en aplicación de la Ley de Partidos Políticos".